Las cifras sobre el absentismo laboral en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana desvelada ayer en las páginas de este periódico no puede ser pasada por alto. El 27,68 % de media es un dato insostenible para cualquier Administración pública. Si se tiene en cuenta que la tasa media de absentismo laboral en el conjunto de España es del 5,3 % —siete décimas superior a la media europea— y ya se considera excesiva, la que se registra en el colectivo docente valenciano escapa a cualquier calificativo. El coste de las sustituciones —no se cubre más que una parte de las bajas— supone a las ya precarias arcas autonómicas un importe cercano a los 63 millones de euros anuales, una cifra muy elevada para un colectivo de 57.000 profesores. Pero por encima de todas estas consideraciones hay otra: la que afecta al derecho a la educación de los propios alumnos, que son los que terminan sufriendo en sus carnes estas anomalías. Buena ilustración de este último aspecto es que la Comunitat Valenciana no consigue abandonar los puestos de cabeza en el índice de fracaso escolar, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se sitúa en el 38,1 %. Un servicio público no se puede permitir una media mensual de tres mil bajas. Como tampoco se puede soportar una tasa de absentismo laboral en el conjunto de las administraciones públicas cercano al 20 % —cuatro veces superior al sector privado—. La Conselleria de Educación está obligada a corregir esta situación trabajando paralelamente en dos líneas. La primera y más urgente, agilizando el proceso para cubrir las vacantes, evitando que los estudiantes pasen semanas en las aulas sin profesor. La segunda, adoptando medidas correctoras para controlar y reducir el absentismo a unos niveles razonables o similares al resto de los trabajadores.
