Aunque ni Fabra, ni ningún miembro del Consell lo reconozca, la Generalitat Valenciana (GV) ya está inmersa en el proceso de «rescate» y ello, mas pronto que tarde, indefectiblemente afectará la calidad de vida de los valencianos. Se ignoran las razones por las que Fabra ha decidido no explicarlo con claridad a todos los que aquí vivimos. Posiblemente falte talla y valor, pero cada uno hace su trabajo como puede y entiende.

A pesar que existen responsables políticos muy claros de la situación que sufrimos y sufriremos y que la exigencia que éstos paguen y penen por tantos años de insolvencia y corrupción sea casi irrefrenable, las reflexiones que siguen se van a centrar en describir las circunstancias que vive y va a vivir en breve lo que hoy conocemos como GV.

El silencio y la falta de concreción del actual Consell frente a lo que nos aguarda, demuestra una vez más que aquí también, en el pecado empieza a estar la penitencia. Hace semanas que el Consell ha dejado de gobernar ya que por el momento su única actividad consiste en ir a Madrid a recibir instrucciones, para a la vuelta del AVE renumerar las facturas pendientes por si puede pagar a algunos proveedores y volver a prever el vencimiento de los títulos de deuda que con tanto entusiasmo los equipos de Zaplana y Camps emitieron durante años. Fabra y su gobierno tiene algo de patético, de hecho está centrado en ordenar las facturas que le gustaría poder pagar, un triste destino para quienes pensaron que estaban llamados a llevar hacia delante iniciativas que pudieran tener que ver con un verdadero gobierno de la CV. Su papel es encabezar una administración que afronta un inevitable rescate al que el Gobierno Central se ha visto abocado, debido a decisiones tomadas por miembros de su propio partido.

Mientras, los datos siguen siendo tan tozudos como preocupantes para la CV. Con la publicación del informe del BBVA sobre las previsiones del 2012, el pasado jueves, Levante-EMV resumía la información diciendo que entre 2008 y 2012, la Comunitat Valenciana (CV) se dejará un 8 % de su riqueza, ya que éste es el descenso que se habrá dado del Producto Interior Bruto (PIB) en la CV. Una situación que aumenta la brecha con la media tanto española, como de la de zona Euro.

Si malo es el dato del PIB, mas desmoralizante es la estimación de lo que los técnicos del BBVA llaman «índice global de atractivo regional» que aplicado a todas las autonomías hace de la CV la menos «atractiva». Para los interesados, decirles que el tal índice se obtiene de la combinación de factores tales como: inversión residencial (stock no vendido/parque de vivienda); dependencia del sector automóvil (% de los automóviles en las exportaciones regionales); apalancamiento en el sector privado; tasa de desempleo; deuda autonómica; PIB per cápita y apertura comercial (bienes y turismo). Por doloroso que resulte al que haya llegado hasta aquí y conozca la realidad de la CV, le será difícil discrepar con las conclusiones del BBVA: PIB disminuyendo mucho más que el ya preocupante descenso de la media estatal en 2012 y peor índice de todas las autonomías. En el Ministerio de Hacienda desde hace muchos meses saben que muchas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, han maquillado sus cuentas para ocultar su verdadera situación económica. Con el PP instalado en el Gobierno central y comprobado que las previsiones no se cumplían, se han tenido que arbitrar medidas de rescate. Es por ello importante que los valencianos conozcan y mediten la situación que estamos viviendo como son las consecuencias inevitables de los pasos que se siguen tras todo rescate de una administración pública por parte de otra.

En primer lugar está la disposición de algunos fondos para las necesidades más perentorias y que se concentran en determinados préstamos para afrontar algunas facturas de los proveedores de mercancías y servicios con cargo a los presupuestos de la GV y a la posibilidad de poder afrontar los vencimientos de las deudas emitidas hace ya años. El segundo paso es la vigilancia, por parte de quien presta este dinero, de lo que se gasta con la corrección consiguiente de las previsiones con las que se han hecho los últimos presupuestos. Como el dinero viene del ICO, son los ministerios de Economía y Hacienda quienes, desde Madrid, están marcando y autorizando y cada vez más van a marcar y autorizar, las decisiones económicas de la distintas conselleries de Valencia, cuyo deber es recortar lo prescindible (RTVV por ejemplo) y gestionar el mantenimiento de lo más nuclear (la sanidad, aunque sea con algún tipo de copago). Aunque suene muy técnico a la hora de hablar de las cosas de comer, al objeto de evitar una situación con ciertas semejanzas a la griega, el Ministerio de Hacienda, ha incluido en la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera una serie de sanciones para las comunidades que incumplan reiteradamente los objetivos de déficit y deuda. Decía un periodista madrileño que Rajoy pudo sacar adelante esta ley porque algunas comunidades autónomas «están muertas, secas». Para aliviar esta sequía, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas para aportar liquidez a los gobiernos autonómicos. Como hemos señalado, la contraprestación al rescate es un control riguroso de las cuentas regionales e incluido el someterse a una supervisión previa por parte del Ministerio de Hacienda. Aunque se esconda, la ejecución de los presupuestos de la GV ya se está sometiendo a las recomendaciones del Gobierno central y ésta deberá presentar a Madrid las liquidaciones presupuestarias con carácter mensual, una medida que en los últimos tiempos de ZP eran cada tres meses.

Si la GV se desvía de los objetivos de déficit o de deuda deberá presentar un plan de viabilidad y tendrá un mes para corregirse. Si a los tres meses no ha puesto en marcha los mecanismos para atajar la situación la GV tendrá que constituir un fondo del 0,2% del PIB nominal de la CV. Concretamente si nos sancionan, la GV deberá crear un depósito de alrededor de 200 millones de euros.

Si pasados otros tres meses, la sancionada GV sigue sin poner remedio, con la ley discutida hace dos semanas, este fondo se convertirá en multa monda y lironda, que la GV depositará en el Estado. No hacerlo supondrá que el Gobierno puede retener la parte correspondiente de las transferencias que destina a la financiación autonómica. El siguiente paso, por inimaginable que parezca, está definido: el Ministerio de Hacienda enviará una delegación que tutelará las cuentas de la GV.

Con este panorama, los silencios de Fabra son angustiosos. Uno tiene la duda de si ha comprendido la gravedad de la situación, de si es consciente de que sin el apoyo de todos los grupos políticos y sin una petición de responsabilidades convincente, nada es posible en una democracia. ¿Cómo gestionar una GV intervenida? Difícil. Imposible sin los valencianos.