Además de la económica, contemplamos una crisis de falta de confianza. La viven los ciudadanos, los agentes sociales, los inversores y el Gobierno, que intenta que no se propague la desesperanza. Sin embargo, Europa aplaude los recortes españoles. Parece pretender que no cunda el pánico. El Gobierno, perplejo en una situación cada día más crítica, esparce responsabilidades y clama contra las instituciones europeas. No percibe que éstas afronten la situación de modo decidido. Muestran resignación y una parsimonia reñida con la premura y solidaridad que los tiempos demandan. Ahora bien, si España cayere, es obvio que la UE y la eurozona quedarían gravemente afectadas. ¿Qué ocurre entonces? O los socios europeos son incapaces o no quieren hacer mucho más. Aunque aprueben los horrendos ajustes aquí emprendidos, cuesta ocultar que los estiman insuficientes. No voy a incidir en los tan comentados motivos que han llevado a este país a su situación actual. Estamos en tiempos de buscar soluciones. Y alguna de ellas no se acomete con la suficiente decisión, a pesar de ser una de las causas del problema. Me refiero al adelgazamiento del sector público en sus vertientes más politizadas. En época de vacas gordas se crearon multitud de entes, empresas y organismos para aumentar la influencia, el poder político y, de paso, colocar a afines. Pero ahora es momento de reducir o refundir. Los asesores de la Administración y los directivos, cargos y puestos improductivos y politizados del resto del sector público deberían decrecer considerablemente. Este sector debería ser lo que siempre debió ser, profesionalizarse y reducir un innecesario déficit. Por desgracia habría que sacri­ficar a muchos. Las ejemplarizantes rebajas del sueldo de los altos cargos no bastan. Hasta ahora, las reducciones han afectado básicamente a las clases medias, parados, dependientes, pensionistas o funcionarios. Pero todos éstos ya están hartos de tanto miramiento con quienes tuvieron por mérito principal ser parientes o correligionarios de alguien. No obstante, es evidente que hay una gran resistencia a resolverlo. No se puede tocar tal entidad, pues en ella hay mucha gente apadrinada por algún principal. Algunos entraron mediante oscuros procesos selectivos. No se puede liquidar a directivos que demostraron tanta fidelidad. Si se fusionan tres, sobran dos. Además, aumentarán mucho las listas del paro. Así se va posponiendo tan candente cuestión. Elegir a quién se ajusticia es complicado. Y más si es un afín. Mientras, los inversores siguen apretando la soga, la ciudadanía se irrita cada día más y Europa espera decisiones que devolverían cierta confianza política. Tal vez propicie que el asunto lo resuelvan los tecnócratas. Porque los hombres de negro no van escoger nombres, sólo efectivos. Los nombres le corresponden al gobierno de turno. Aunque siempre podrá recurrir a alguna consultora como presunto árbitro imparcial. Con más dinero público, por supuesto.