Entre las comunidades que plantaron a Cristóbal Montoro en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, y las que votaron en contra de la propuesta del gobierno, suman el 41,5% del PIB de las regiones de régimen común. Se puede destacar que solo dos consejeros se opusieron a las nuevas limitaciones del déficit, pero el dato así presentado oculta la importancia del plante. Catalunya y Andalucía solas ya suman el 35%. Y la rebelión no fue mayor porque Rajoy llamó a capítulo a sus barones, los puso firmes y les leyó la cartilla, tras lo cual se presentaron al Consejo con la lección sabida. Otra cosa es que estén contentos. Montoro ha dado ventaja a la administración central en el reparto de cargas y beneficios de los ajustes. Las autonomías no participarán ahora del aumento del IVA, pero lo pagarán ipso facto como grandes consumidores que son de bienes y servicios. No les va a llegar ni una décima de la mejora en el objetivo de déficit, sino justo lo contrario: se aumenta les aumenta la exigencia para el año próximo. A diferentes ritmos, según los vencimientos de la deuda, van a tener que ir recurriendo al Fondo de Liquidez, diseñado de forma que permite al ministro de Hacienda enviar a sus propios hombres de negro a inspeccionar, proponer y, si se tercia, imponer criterios y decisiones de gasto.
Sin duda muchos españoles, convencidos de que la toda la crisis es culpa del aeropuerto de Ciudad Real, aplaudirán que se meta en cintura a los despilfarradores autonómicos, pero no tardaremos en darnos cuenta de que no se puede ahorrar lo pretendido sin recortar aquellos servicios que no tienen nada de despilfarro ni de capricho: sanidad, educación, asistencia a dependientes y discapacitados, auxilio a los excluidos, cobijo a los parados, protección de las familias, empuje a las empresas. Reduciendo el número de diputados y cerrando o vendiendo televisiones públicas no se llena en absoluto el agujero, y potenciar las diputaciones en detrimento de los municipios nos trae a la memoria quién impulsó el aeropuerto peatonal de Castelló. El gobierno ha decidido culpar a las autonomías del déficit y centrar en ellas la penitencia, y las autonomías que no están sujetas a la disciplina de partido responden culpando a la avaricia del gobierno de los ahogos que hacen pasar a sus proveedores y ciudadanos. No es este el camino. No se puede articular una travesía de la crisis en contra de los gobiernos regionales del 41,5% del PIB. O quizás sí que se pueda, por el legítimo poder de la mayoría absoluta, pero entonces vamos a tener lío.
