El actual contexto de recesión económica no es el mejor de los escenarios para los abogados, contrariamente a lo que quizá muchos opinen. Las principales firmas de la abogacía están acometiendo reducciones de personal, salidas de socios, cierre de oficinas y ajustes de costes ante una crisis más dura y larga de lo previsto. El trabajo ha descendido drásticamente en determinadas áreas, sobre todo en operaciones de fusiones y adquisiciones y en urbanismo, pero la consecuencia más evidente de la crisis en la situación de los despachos está siendo la dificultad para cobrar los honorarios por los trabajos realizados: los clientes exigen descuentos o presupuestos cerrados, las minutas se están cobrando tarde y la competencia está siendo feroz.
La abogacía española, que en 2010 generó un volumen de negocio superior a los 10.000 millones de euros, €según datos del informe «Impacto de la Abogacía en la Economía», dirigido por la profesora Elena Mañas y presentado por el Consejo General de la Abogacía Española€ está atravesando una coyuntura donde los nuevos retos económicos están poniendo a prueba la solidez del sector.
El escenario al que se enfrenta el abogado es un panorama que va a exigir de él cambios decisivos para adaptarse a las actuales demandas de la economía y de sus clientes. Entre esos cambios, el primero será el de estar a la altura de la cualificación que el mercado exige, formándose permanentemente desde la educación universitaria hasta la especialización en el ejercicio profesional. Otra gran asignatura es la modernización tecnológica en los despachos para agilizar las gestiones diarias y finalmente, pero no menos importante, poner en marcha y convertir en realidad la justicia preventiva, ésa que ya aplicamos los abogados día a día (evitando que el 50% de los casos que recibimos lleguen al juzgado), pero que encuentra ahora, en las vías alternativas del arbitraje y la mediación, nuevos caminos para el ejercicio profesional, colaborando al tiempo con la descongestión del saturado sistema judicial.
Tenemos ante nosotros un complicado escenario, pero también la oportunidad de orquestar cambios importantes para la necesaria renovación de la Justicia de la que todos hablamos, más eficiente y de mayor calidad. No es tiempo para llorones victimistas, sino para los abogados profesionales, comprometidos, inteligentes y humildes, pero críticos, que eligen una mirada optimista pegada a la dura realidad.
Desde esta convicción, en el Colegio de Abogados de Valencia hemos querido contribuir a estos cambios centrándonos en cuestiones esenciales y prioritarias. En el primer año de implicación colegial por parte de la nueva Junta de Gobierno, hemos incidido en el terreno de la responsabilidad social de la abogacía y en convertir el colegio en un centro de servicios, tanto para el colegiado como para la sociedad. En este sentido, el ICAV ha sido el primer colegio español que ha aprobado un código de Buen Gobierno y se ha convertido en referente en mediación y arbitraje. Hemos obtenido la certificación de calidad Aenor en la gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita y potenciado el uso de las nuevas tecnologías de la información, con la implantación del expediente electrónico para el turno de oficio y con el acceso a cualquier gestión de los abogados con su colegio a través de medios telemáticos, implantado así la ventanilla única.
A nivel formativo, hemos creado el Centro de Estudios de la Abogacía, un órgano que unifica, racionaliza y coordina todos los ámbitos formativos necesarios para un ejercicio de la profesión con calidad, con formación continua y especializada y hemos implantado la e-formación, para facilitar el reciclaje profesional, reduciendo considerablemente el coste del tiempo empleado.
En septiembre se pondrá en marcha el Centro de la Defensa de la Defensa. Hoy no son extraños los casos en que se vulnera el derecho de defensa: escuchas telefónicas a letrados con clientes, falta de entrega de copias de diligencias policiales. El centro dará atención y asistencia en todos los casos en que un abogado sienta vulnerado su derecho de defensa y será el colegio quien activará las medidas y procesos necesarios en defensa de cualquier abogado.
Se trata de los primeros pasos que permitirán poner en valor el papel esencial de los abogados en la administración de Justicia y en la sociedad. Menos es más. O más por menos.
