La Sindicatura de Comptes ha decidido estrechar el cerco sobre las irregularidades presupuestarias de los ayuntamientos valencianos y reclamará información sobre las deudas contraídas al margen de los presupuestos, uno de los problemas «crónicos» de las administraciones públicas, a su juicio, y que incide de forma directa en la estabilidad presupuestaria. La instrucción del organismo fiscalizador es especialmente dura con los consistorios al recordar que los acuerdos para adquirir compromisos de gastos sin consignación presupuestaria son nulos de pleno derecho. Asimismo, reconoce implícitamente las dificultades que afrontan en algunos municipios los secretarios e interventores, al solicitar información sobre «los reparos que los interventores han realizado sobre actos no ajustados a derecho y sobre acuerdos contrarios a los informes del secretario». Este interés coincide con el ya avanzado por el Gobierno, que en su anunciada pero por ahora paralizada reforma de la legislación local pre­vé que ambos funcionarios vuelvan a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y no directamente de los alcaldes, como hasta ahora, para garantizar su independencia. La pretensión de la Sindicatura es digna de elogio, aunque bien podría haberse tomado hace tiempo, pero queda por comprobar cómo se ejecuta, sobre todo si se recuerdan los precedentes de municipios que reiteradamente se niegan a rendir cuentas o lo hacen parcialmente. Este incremento del control debe acompañarse de las herramientas legales y la voluntad política que hagan posible su aplicación efectiva.