Nuestra Generalitat se hunde

Es inteligente dejar de ver el futuro con ojos estrictamente partidistas. Esta afirmación no equivale a defender que haya que olvidarse de las responsabilidades de tanto insolvente que, lindante con la corrupción, ha venido ejerciendo en la CV. Ya habrá tiempo para tomar las decisiones judiciales y políticas que correspondan. Ahora lo urgente es analizar la situación que nos aguarda y tratar de minimizar sus efectos. Es necesario valorar la profundidad de las incoherencias que hemos vivido. Como indica la historia, es en los momentos de recesión aguda cuando la escasez aflora, cuando la vista se vuelve hacia la política. Es entonces cuando el ciudadano toma conciencia de que ha pasado demasiado tiempo conformándose con ser un simple consumidor, tanto de cosas inútiles como de ideas falsas. No lo tenemos fácil, pero hay que asumir la realidad y poner a trabajar democráticamente a nuestras mejores cabezas.

La semana que acabamos de vivir, ola de calor aparte, ha venido marcada por cuatro informaciones que parecen destinadas a destrozar la confianza que todo ciudadano debe tener en la solvencia de sus gobernantes, y ello con independencia de las equivocaciones que como humanos puedan tener. No se trata de cebarse en el sistema que nos hemos dado libremente los valencianos, sólo constatar que el simple enunciado de lo que aquí ha ocurrido y sigue ocurriendo pone los pelos de punta y, en consecuencia, hay que reaccionar con la mayor sensatez que podamos.

Vamos con el enunciado de lo publicado a lo largo de estos últimos días:

a) No ha existido ningún estudio de factibilidad o plan de negocios mínimamente solvente referido a la puesta en marcha del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia. Esta carencia de datos fiables, que algunos políticos han cuantificado sin rigor intelectual alguno, incluye al parecer la referencia a una importante institución académica de estudios económicos que no parece haber sentido la responsabilidad de aclarar la paternidad de sus estudios. Malos tiempos en los que la universidad puede despertar dudas sobre su independencia de juicio frente a los que ejercen el poder.

b) Todos los que siguen el devenir de las cuentas de la CV saben que, en los muy diferentes conceptos que se agrupan en lo que las personas de a pie llamamos deuda autonómica, la GV debe no menos de 62.000 millones de euros, y ello cuando todavía falta por cuantificar los compromisos de pago del sector público empresarial y de saber cómo han aumentado esos números a lo largo de 2011 y los meses que ya han transcurrido de 2012. Pedir, como ha hecho el PSPV, que la Sindicatura de Comptes audite los papeles de la GV no deja de ser un acto que en nada va a paliar la dureza de nuestra situación. Con independencia de las razones que puedan asistir al conseller del ramo para afirmar que «pedir una auditoría de nuestras cuentas está fuera de lugar y es más que nada para hacer ruido en el mes de agosto. Y genera desconfianza. Destruye valor y destruye la confianza que tenemos que restablecer entre todos», la dura verdad es que la cifra es muy importante, ya que hablamos de un montante equivalente a cinco presupuestos anuales completos de la GV. Desgraciadamente no son ruidos agosteños, sino un balance generado en años de incompetencia demasiado cercana a la corrupción y que nos lleva a una cifra que nos supera.

c) La GV ha acudido a las últimas reuniones del órgano encargado de coordinar las desviaciones presupuestarias de las autonomías con distintas hipótesis de ingresos que a la altura del presente agosto de 2012 se han mostrado absolutamente equivocadas. Ni las decenas de millones que po­díamos conseguir con la venta de parte del patrimonio inmobiliario de la GV (excelente información la de Julia Ruiz, el pasado jueves en Levante-EMV) ni los que se pretendían obtener mediante el canon que iban a pagar las empresas privadas que iban a gestionar nuestras instituciones sanitarias se han hecho realidad. Nadie quiere comprar nuestros edificios en plena crisis de lo inmobiliario, ni existen empresas dispuestas a gestionar los hospitales o ambulatorios de la GV, ya que no tienen garantías de que ésta vaya a hacer frente a sus obligaciones financieras y, en consecuencia, hablar de un canon es poco menos que una palabra sin sentido.

Modestamente, uno cree conocer la reacción que los números valencianos despiertan entre los técnicos de Hacienda que analizan y trabajan con las propuestas presentadas por la GV en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desgraciadamente se puede afirmar que la única situación que se vislumbra es la de buscar un determinado tipo de intervención. Nadie sabe en estos momentos ni quién la va a llevar a cabo (el Gobierno central español, la troika, el BCE en solitario...) ni la forma que puede adoptar a la luz de nuestra legislación y de nuestras posibilidades como Estado, pero lo cierto es que ya nadie se cree los planes de la GV.

d) Parece que el síndrome Zapatero sigue marcando las decisiones y el debate del actual equipo de Gobierno y así no vamos a llegar a ninguna salida eficaz. El viernes era más que preocupante oír a nuestro anterior conseller de Sanidad, ahora portavoz de Sanidad en el Congreso, afirmar que el responsable de la deuda de 16.000 millones a los proveedores sanitarios era el anterior gobierno, cuando él vivió de primera mano la génesis y el impulso de la deuda sanitaria de la GV. La sanidad es una responsabilidad de las autonomías y Manuel Cervera pasó por la conselleria sin tomar ninguna medida que permitiera racionalizar la situación, que ya entonces vivía la sanidad en la CV. Aquí, alguien no está a la altura de las circunstancias. La gran duda que surgía después de escuchar y analizar los análisis de Cervera tiene que ver con la solvencia demostrada hasta ahora en la GV por quienes tienen que afrontar los problemas y decisiones que indefectiblemente todos sufriremos.

Ante este cúmulo de situaciones vividas en una semana de agosto, lanzarse a la desmoralización colectiva es una tentación muy fuerte que todos debemos controlar por puro instinto de supervivencia. Sin duda, las razones de esta situación son complejas y entre éstas hay que situar la capacidad de muchos responsables políticos, algunos corruptos, otros simplemente insolventes, pero legítimamente elegidos. La petición de responsabilidades no es lo más urgente para la supervivencia de nuestro sistema, ya que lo que se impone es una reacción democrática, por dura que sea para todos. Para empezar, repasemos los planes de factibilidad de nuestras inversiones (a), planteemos las cifras de la deuda con toda claridad (b), no prometamos ni contemos con ingresos que no se van a producir (c) y no afrontemos el futuro sin asumir la responsabilidad que hemos tenido durante años, como es el caso sanitario (d).

La GV ha tenido responsabilidades y no debe olvidarse de ello como condición inicial de cualquier vía de solución. Después de la autocrítica debe seguir el Plan de Emergencia. No nos aguarda un futuro fácil y es por ello que necesitamos tener gente solvente al frente de nuestras instituciones. En un sistema democrático solo personas que inspiren confianza pueden pedir sacrificios y solidaridades. Cuando la troika, o quien sea, venga a preguntarse qué ha pasado en la CV, es imprescindible que tengamos preparado nuestro propio relato y que éste sea creíble. Lo expuesto en a), b), c) y d) no ayuda ni externa ni internamente a los valencianos.

Sin solvencia, la GV se hunde, y esto es algo que los valencianos debemos evitar.