El Gobierno del Partido Popular ha anunciado el próximo inicio de un proceso liberalizador en los ferrocarriles españoles. Parecemos seguir aquí, aunque décadas más tarde, la senda emprendida en su día por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la que no creía en la existencia de la sociedad y sí sólo en los individuos, pero sobre todo, en el caso concreto de los ferrocarriles, por su sucesor, John Major, pues la Dama de Hierro ni siquiera se atrevió a tanto en su momento.

El principal argumento que ha esgrimido para justificar ese propósito la titular de Fomento es la imposible rentabilidad de ciertos enlaces de Renfe. Es el argumento que se utiliza siempre para ir desmontando poco a poco, aprovechando la crisis y la globalización, el tan trabajosamente conseguido Estado de bienestar y los correspondientes servicios públicos. Es más que evidente que hay tramos que no arrojarán nunca beneficios, pero en proporcionar ese servicio consiste precisamente la solidaridad, base de la cohesión social. Y es lo que justifica que existan los impuestos.¿Hemos de dejar, por ejemplo, un pueblo de la Comunitat Valenciana o de cualquier otra región de España sin apeadero, sin servicio de autobús o sin oficina de correos sólo porque en él quedan pocos vecinos o sólo viven jubilados? ¿Tendrán éstos que ir al pueblo más grande de al lado para tomar el tren o ir a echar sus cartas si se comunican por esa vía en lugar de utilizar Internet? ¿Debe negarse a contribuir con sus impuestos al mantenimiento de la red de ferrocarriles quien nunca los utiliza porque tiene coche? Pero también inversamente ¿por qué debería financiar con los suyos la construcción de tantas autopistas quien no maneja nunca el volante y ni siquiera viaja en autobús?

Lo mismo podría decirse de tantas otras cosas de nuestra vida diaria, incluso cuando se trata del sector privado: ¿no deberían negarse a pagar su parte por el servicio que presta el ascensor de un edificio de varias plantas quienes viven en la primera porque nunca lo utilizan? Es el mismo argumento egoísta que aducen en Estados Unidos quienes rechazan la reforma sanitaria o los que se niegan a pagar con sus impuestos cualquier otro servicio en la creencia de que con suerte no van a necesitarlo nunca.

Es del todo lógico que en cuanto una empresa privada se hace cargo de un servicio, tenderá a cerrar todo aquello que no sea rentable sin preocuparse de las consecuencias sociales porque no es algo que interesen a unos accionistas preocupados únicamente por obtener el mayor beneficio inmediato. Puede el Estado, es cierto, fijarle a la empresa que gestiona un servicio público en régimen de subcontrata una serie de condiciones, pero al final muchas veces tendrá aquél que subvencionar la parte que no es rentable y que sólo se justifica por su función social. Es decir, beneficios para el sector privado y sólo costos para el público.

En Inglaterra, donde los ferrocarriles fueron privados primero para ser luego nacionalizados antes de volver a privatizarse, la experiencia es descorazonadora. Los trenes de cercanías de Londres van casi siempre llenos a rebosar porque ha aumentado mucho más de lo previsto el número de usuarios habituales y las compañías que los gestionan no ponen muchas veces vagones o personal suficientes, lo que ha provocado continuas protestas entre el público. Y el Estado ha tenido que intervenir allí una y otra vez para suplir las carencias que se han ido produciendo a lo largo de los años o para evitar que ocurrieran nuevos accidentes por el insuficiente mantenimiento de las infraestructuras €vías, señales y estaciones€ , encomendada en principio a una compañía, Railtrack, que a su vez recurrió a todo tipo de subcontrataciones. Hay quien ha calculado que en algunos momentos hasta 2.000 empresas han estado involucradas de un modo u otro en la red ferroviaria del Reino Unido.

Todo un panorama el que podríamos encontrarnos también aquí dentro de unos años y que podría afectar también a otros servicios públicos esenciales en los que tiene puesto el ojo el sector privado como es, por ejemplo, el suministro de aguas.