Tres leyes, tres, surgidas de las Corts Valencianes, contradicen claramente el contenido del Real Decreto que recorta la asistencia sanitaria a los inmigrantes y faculta a la administración sanitaria a cobrar por estos servicios. Pese a la evidente disparidad entre el decreto estatal y la leyes autonómicas, el Gobierno de la Generalitat se ha apresurado a anunciar que acatará la norma estatal. Más allá del conflicto legal que represente aceptar una norma con rango de decreto para situarla por encima de leyes autonómicas, salvo que el Real Decreto llegue con el rango de legislación básica, sorprende la actitud complaciente de un Consell que tan celoso se mostró hasta hace unos meses con las competencias autonómicas y que anunciaba recursos contra el Gobierno central a la menor oportunidad.
Resulta obvio que si la voluntad del legislador valenciano al promover la Ley de Ordenación Sanitaria de 2003, y la de Participación Ciudadana y la de Integración de Personas Inmigrantes, ambas de 2008, fue la de ofrecer a los inmigrantes la misma atención sanitaria que recibe la población autóctona, el cambio de rumbo del Gobierno central bien merecería al menos un debate político en el Parlamento valenciano. Ignorar la divergencia radical entre la voluntad del legislador valenciano y la nueva norma estatal no contribuye precisamente a reforzar la esencia del armazón autonómico surgido de la Constitución y sitúa a los gestores de la Generalitat en un papel seguidista del Gobierno central que nada tiene que ver con la leal y necesaria colaboración entre instituciones, tan recomendable por otra parte en tiempos de crisis.
