Si hay un dato estadístico necesariamente nebuloso, este es sin duda el de la economía sumergida. En efecto, ¿cómo se mide lo que se esfuerza en permanecer oculto? Las cifras que se vienen ofreciendo se obtienen por inferencia de otros datos. Como cuando los astrónomos miden un planeta invisible por su influencia gravitatoria en otros astros. Por tales métodos indirectos se ha valorado la parte sumergida de la economía española entre un 20% y un 25% del total. Era el 23% en 2008 según Gestha, colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda. La fundación de las cajas de ahorros, Funcas, lo situó hace un año en el 24%. Un estudio del Banco Mundial y otro del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo lo dejaron en el 22,5%. No sería difícil hallar quien propusiera cifras superiores al 25%. Siempre muy por encima de la media de la zona euro. Nos hacen compañía los amigos de siempre: Grecia, Portugal, Italia. Los dos primeros, rescatados e intervenidos por el peso de su deuda. Los transalpinos, pendientes de si nosotros somos los siguientes y les arrastramos. De la economía sumergida se ha dicho que engrasa el sistema, que permite a la sociedad ir funcionando y a la gente tirar para adelante en medio de la ineficacia de la administración. Pero con una cuarta parte de la generación de riqueza agazapada la sombra „Shadow Economy la llaman los organismos internacionales„, ¿qué valor tiene cualquier estadística oficial? Sería demagógico poner en paralelo el 24% de ocultación y el 25% de paro declarado, porque el primer dato ya existía con cifras de desempleo mucho menores. Pero no hay duda de que los apaños sin papeles juegan un papel a la hora de explicar porqué no ha estallado una orgía de pequeña delincuencia en un país al que le faltan cinco millones de empleos „aunque todo se puede andar„. La parte oscura nos impide saber cómo evolucionan realmente las cosas, y tanto nuestro gobierno como Europa basan decisiones importantes en datos con evidente cojera, porque no hay otros. Luego está lo que se deja de ingresar: más o menos, unos 75.000 millones anuales que no llegan a Hacienda. Si se regularizaran de golpe, se acabaría el déficit de las administraciones públicas en poco más de un año, y al siguiente podríamos empezar a recomponer lo recortado, o a desgravar lo gravado. ¿Cuánto cuesta poner la maquinaria del Estado al servicio de una cruzada para alumbrar la economía sombría? Fuera lo que fuera, se recuperaría rápidamente, y pocas inversiones tendrían más sentido. Pero no lo exigimos, e incluso lo tememos.