Nada menos que 4.379 parados de los 10.209 investigados por el Ministerio de Empleo perciben un salario «en negro» que complementa las retribuciones que cobra de la Seguridad Social. El porcentaje es escalofriante y muestra la relevancia que ha alcanzado en España la economía sumergida. El fraude, calificado por el Gobierno como «una lacra», produce un doble quebranto a la Hacienda Pública: por un lado, incrementa la desorbitante cifra (más de 2.590 millones de euros mensuales) destinada a cubrir las prestaciones por desempleo que reciben casi tres millones de ciudadanos y, por otro, impide regularizar un mercado de trabajo que permanece oculto a ojos del fisco. El resultado es letal para un país que necesita pagar unos intereses astronómicos a cambio de acceder a los créditos que precisa para contener su abultada deuda. En esas condiciones, el departamento que gestiona la ministra más desconocida y peor valorada del Gobierno, Fátima Báñez, ha intensificado el control y pondrá a una legión de funcionarios a seguir el rastro de los defraudadores. El objetivo es revisar hasta 1,8 millones de expedientes en 2012. No es un mal propósito, desde luego, aunque esta ingente tarea supervisora debería ampliar su campo de acción para combatir con igual empeño las irregularidades laborales que cometen los empresarios y autónomos, y sobre todo, para reducir la evasión y el fraude fiscal. Sólo si dejamos de ser un país de pillos podremos salir adelante.
