Las riadas provocadas por lluvias torrenciales son uno de los fenómenos de origen meteorológico más habituales en la Comunitat Valenciana, sometida a un régimen de fuertes precipitaciones muy localizadas fundamentalmente en otoño, cuya máxima expresión es la anualmente temida gota fría. Para intentar minimizar los efectos de esas avenidas, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar elaboraron en 2003 el denominado Plan de acción territorial del riesgo de inundación (Patricova) que preveía 151 obras en 92 municipios de la Comunitat Valenciana, que debían estar concluidas en el año 2011. Sin embargo, a punto de cumplirse una década de su aprobación, el Consell sólo ha ejecutado un 7 % de las actuaciones que le correspondían, es decir, 6 de 85. La CHJ, por su parte, ha finalizado 14 de las 26 que se le adjudicaron. Las obras restantes corresponden a otras administraciones y presentan diversos grados de ejecución. Por si este retraso no fuese ya preocupante, el Ejecutivo autonómico advierte en una respuesta parlamentaria que algunas de las actuaciones previstas en el plan «se incluyen únicamente con carácter orientativo, sin que supongan un compromiso final». Durante estos diez años, la Administración ha postergado estas obras de calado para la seguridad de miles de ciudadanos a pesar de la bonanza económica y ahora es previsible que los ajustes hagan difícil llevarlas a cabo. La mala gestión ha convertido en papel mojado un plan necesario para una correcta ordenación del territorio.
