Con la democracia y la crisis como telón de fondo, lo que sigue trata de reflexionar sobre lo publicado ayer por Julia Ruiz en estas páginas, en las que aparecen juntos el presidente de uno de los bancos más importantes de Europa y un exconseller de la Comunitat Valenciana (CV). Todo empezó en los ochenta, cuando funcionaba un producto bancario „la cesión de crédito„ ofrecido bajo el señuelo de la opacidad fiscal. La investigación al banco por la presunta comisión de un delito en el proceso posterior a la venta de estas cesiones terminó cuando el Tribunal Supremo dictó la llamada doctrina Botín (no procedía juzgar al mantenerse sólo la acusación popular). Respecto a Luis Fernando Cartagena, con independencia de su condena, ya cumplida, por apropiación de un dinero que le confiaron unas monjas en su época de alcalde de Orihuela, a fecha de hoy todavía tiene pendiente el juicio por presunto delito fiscal por las cesiones. Algo que sucedió presuntamente hace 25 años (!).

Pedir que la justicia se pronuncie sobre hechos ocurridos hace tanto tiempo es algo patético. Lo ocurrido ya ha desaparecido de la memoria colectiva, pero seguir hablando de aquello tiene que ver tanto con el principio «sin publicidad no hay justicia», como con la reflexión colectiva que impone la crisis y sus causas. El sujeto de un delito fiscal suele necesitar de un colaborador y esta ayuda frecuentemente la da un banco, nacional o foráneo, y ello hace más duro tener que aceptar el actual rescate de las instituciones bancarias. Sin acritud, hay que señalar las insolvencias de un sistema jurídico-fiscal que permite que demasiados ciudadanos hayan podido manejar dinero negro con ayuda bancaria (Ver «Juicio al poder: el pulso de la Justicia con el BSCH», de Nuria Almiron publicado por Temas de Hoy en 2003).

En la segunda mitad de los ochenta, trabajábamos con la esperanza de construir una sociedad moderna y con la esperanza de integrarnos en lo que entonces llamábamos Mercado Común. Entre los objetivos compartidos figuraba el de aflorar el dinero negro que, a pesar de la reforma fiscal de Francisco Fernández Ordoñez, seguía existiendo tras el largo periodo franquista y los primeros años de transición, donde la normalización política retrasó la ruptura fiscal. Sin duda avanzamos, aunque no tanto como ingenuamente algunos creíamos, como demuestra el estado actual de las Haciendas públicas. Aquí sigue la tranquila y vergonzosa existencia del dinero negro, al que ni siquiera parece interesarle una amnistía fiscal, por discutible que ésta sea.

En los años posteriores a la comercialización de las cesiones y productos afines, la Agencia Tributaria hizo lo que pudo llevando a bancos y clientes a los tribunales. Pasaron meses, años y ya en 1997, hace ahora quince años, la jueza de instrucción de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decidió enviar al Tribunal Superior de Justicia de la CV una pieza separada del caso que apuntaba a determinadas actuaciones del entonces conseller, una de las personas que Eduardo Zaplana incorporó a su equipo desde tierras alicantinas. En pocas semanas fue designado como juez instructor José Flors, a quien la historia le tenía reservados otros casos importantes en la CV. El juez solicitó a profesionales de la Universitat de València (UV) que analizáramos, con la mayor profundidad posible, la documentación digital relacionada con el caso que debía instruir. Quizás el encargo se debió a la pequeña popularidad local que despertó la investigación informática hecha a petición de los antiguos responsables de la Fundación del Valencia sobre el resultado de la ampliación de capital del Valencia SAD en tiempos de Paco Roig (otra triste historia de rabiosa actualidad que los registros informáticos ya anticiparon).

El magistrado pidió ayuda y la UV colaboró. Antes de las Fallas de 1998, el informe estaba entregado. Pocas horas después, Cartagena dimitía. Al dejar de ser aforado, todo lo investigado en la CV por el juez Flors volvió a la Audiencia Nacional. Para poder decir que Cartagena todavía no ha sido juzgado me baso en un fax de la jueza Palacios en el que informaba a la UV: «?que una vez se acuerde la remisión de las actuaciones para celebración de juicio oral se pondrá en conocimiento del solicitante la sección a la que acudir ».

En resumen: alguien compró cesiones al banco, que les aseguraba que era un producto opaco para Hacienda. Ante la reacción de la Agencia Tributaria se ocultaron los nombres de algunos clientes... años y años de discusiones. Al final, como ya se ha dicho, el presidente Emilio Botín no fue juzgado ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado (brazos jurídicos de la Agencia Tributaria) le acusaban. La decisión supuso que un centenar largo de compradores con posibles consecuencias penales (muchos de ellos ya fallecidos, otros con excelentes abogados defendiéndolos) vieron cómo sus expedientes se mandaban a sus jueces naturales. El caso de Cartagena debió viajar a la provincia de Alicante y allí debe dormir en algún juzgado.

Aunque ahora las técnicas se hayan sofisticado (Gürtel, Brugal, Palau de la Música, etcétera) la financiación de algunos partidos con dinero negro no es un fenómeno nuevo. Pasados los años, uno ha entendido que entre los múltiples orígenes de los capitales que iban a buscar su ocultación, se encontraba el dinero destinado a partidos y políticos. La tentación del recaudador de quedarse con una parte de este dinero debió ser fuerte y quizás alguno no supo vencerla.

Uno ha creído durante años que habría un juicio con garantías, donde se harían las preguntas pertinentes. Desgraciadamente y a pesar del buen trabajo de los jueces Flors y Palacios y de muchos inspectores solventes, me equivocaba. Con el episodio de Cartagena nos habíamos encontrado con la financiación de PP en la CV. Algo debe pasarle a nuestra ética colectiva cuando esta práctica no le ha impedido ganar elecciones ininterrumpidamente. Jueces e inspectores tienen difícil su labor cuando entre los que mueven dinero negro figura el poder político. Esto no es aceptable en democracia.

La relación entre bancos y políticos puede ser demasiado intensa y no parece una cuestión exclusiva del PP. María Teresa Fernández de la Vega, número dos del Ministerio de Justicia del último Gobierno de Felipe González, días antes de cederse el gobierno a José María Aznar, emitió un informe pidiendo el archivo y desistimiento de la Abogacía del Estado exculpando al Santander. Las casualidades del destino hicieron que tres lustros después viviera, como vicepresidenta de Zapatero, la decisión de la doctrina Botín. Aunque uno albergue profundas dudas sobre la actuación de Abogacía y Fiscalia, desea ardientemente estar equivocado. Por ello, desde la socialdemocracia, sugiero una explicación por parte de la exvicepresidenta que nos tranquilice.

Con todo lo que está cayendo, hay que apuntar que nuestra situación sería menos crítica si tanto la responsabilidad de todos de no manejar dinero negro, como la capacidad de la Agencia Tributaría para enfrentar el fraude hubieran sido mucho mejores. La conexión entre la política y las finanzas es demasiado turbadora y los jueces parece no ser del todo ajenos a esta situación. Para superar el suicida desencanto que algunos se permiten sobre la democracia que tenemos, hay que ser implacables sobre la honradez y solvencia de aquellos que tienen la obligación de velar por los ingresos de todos.

Todavía tengo la esperanza de poder vivir el momento en que las presuntas cesiones de crédito de Cartagena sean juzgadas. No importa el resultado, pero sí el reconocimiento de lo mucho que todavía hemos de hacer para mejorar nuestra democracia.