Fiscalización y castigo

El actual presidente autonómico, Alberto Fabra, se propuso variar el rumbo que imprimió a la Generalitat Francisco Camps, y en pocos meses ha conseguido marcar distancias con su antecesor pese a que ambos representan al mismo partido. Las diferencias más significativas se han dado en la respuesta que el PPCV da ahora a la corrupción. Pese al desigual trato que el jefe del Consell otorga a los políticos imputados, no son pocos los cargos públicos que han sido forzados a dimitir y otros han sido conminados a seguir ese mismo camino. Es un avance positivo que se acompaña de nuevas medidas de control que dificultan y ayudan a detectar las prácticas irregulares. Gracias a ese espíritu aperturista y a la irreprimible necesidad de fiscalizar hasta el último céntimo de un presupuesto escuálido e hipotecado por el déficit, la Conselleria de Hacienda movilizó una suerte de «policía económica» para escudriñar todos los cajones de la Administración, especialmente las covachuelas que vivían en penumbra (empresas públicas o fundaciones, que permanecían opacas). Esa unidad especializada de interventores ha descubierto graves irregularidades en Vaersa, una firma dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente cargada de clientelismo y sospechosas operaciones contables. Al trascender las conclusiones de los inspectores hemos ganado en transparencia, pero la tarea nunca será completa si las fechorías quedan impunes. La sociedad ya no acepta tantas infracciones sin castigo.