Mis amigos del PP (sí, también los tengo entre los que militan en esas siglas y les aseguro que si tuvieran más responsabilidades de las que tienen nos iría mejor a todos) se sorprenderán si comienzo diciendo que coincido con ellos en el recelo ante cualquier tipo de subsidio, pues soy de los que creen en que si hay justicia no ha lugar para la caridad. Y frente a una política de paños tibios para evitar la desesperación de los que fueron expulsados del mercado laboral, pienso que ha llegado el momento de asumir la responsabilidad social de los gobernantes frente al derecho constitucional al trabajo.

La política inicialmente dubitativa del Gobierno en relación a la ayuda de 450 euros del plan Prepara y su ajuste para excluir del programa a los trabajadores por motivos familiares, junto con la defensa jubilosa del PSOE, me han decepcionado profundamente. ¿Para cuándo aplazan nuestros políticos el momento de ponerse a trabajar para cumplir con sus responsabilidades?

En un país empobrecido, con unas condiciones laborales salvajes que han dejado a los mileuristas casi como privilegiados (el salario medio se aproxima a los 17.500 euros brutos), estoy convencido de que la oferta de trabajos a media jornada en tareas de interés social (que hoy por hoy no están cubiertas) tales como la atención a los ancianos y a las personas dependientes, la limpieza y cuidado de los bosques, para que no se convierta en territorio quemado, y otras tareas de interés general que no entren en conflicto con el actual marco laboral, convertirían lo que es hoy por hoy un subsidio indigno en una oportunidad laboral y una responsabilidad diaria. Esto, que además de ser productivo, evitaría que nuestros parados asumieran la condición de carga social y se resignaran a la subsistencia.

Un trabajo, aunque sea temporal, supone una obligación y ofrece oportunidades a los trabajadores para demostrar su valía y encontrar la forma de contribuir al bienestar general. Ahora bien, convertir el plan Prepara en un programa real de reinserción laboral implica imaginación y trabajo y habría que hilar muy fino para que los puestos que se ofrezcan desde la administración no entren en conflicto con los trabajadores en activo y tampoco supongan actividades improductivas ni una forma de voto cautivo.

En la era de los ordenadores, cuando cualquier escenario se puede modelizar y evaluar en términos de rentabilidad de las inversiones, ¿cómo es posible que nuestra clase política no evalúe previamente las alternativas en este campo? Y si hay algún estudio detrás de la propuesta del gobierno, ¿no les abochorna plantear el recurso al empleo de los parados para tareas de rehabilitación de áreas quemadas como un castigo o una amenaza? La verdad es que no da la impresión de que los ministros y consejeros del ramo del empleo se estén ganando su sueldo.