Ignorar a una paciente que sufre cáncer de mama con metástasis oseas y negarle el tratamiento con quimioterapia que requiere cada 21 días al tener caducado el permiso de residencia, además de inhumano, es inconcebible y hasta podría ser ilegal porque la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró en mayo que la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares, especialmente de aquellos que padecen enfermedades terminales, quedaba garantizada mediante la firma de convenios con ONG que suplirían los recortes del servicio público de salud. Sin embargo, el Hospital Provincial de Castelló ni siquiera se compadeció de la joven marroquí de 29 años cuando reclamó parches de morfina que paliaran al menos el intenso dolor que soporta. Le pidieron la tarjeta sanitaria, que ella no tenía, y se tuvo que marchar sin el medicamento, cuya caja de 5 unidades vale 80 euros.
El suplicio de Hahane B. fue portada ayer en Levante-EMV. A primera hora de la mañana, cuando la tinta del periódico aún estaba fresca, la paciente recibió una llamada de los responsables del hospital para «arreglar las cosas». La Conselleria de Sanidad reiteró ayer que nadie va a quedarse sin atención sanitaria con independencia de quién pague la factura. No ocurrió así en Castelló. El vicepresidente Císcar sostuvo que es un «caso puntual» y atribuyó lo ocurrido a una «cuestión administrativa». Las ONG, en cambio, alertan de que decenas de inmigrantes ya han sufrido una desatención médica similar. Si es así, es la sociedad la que está enferma.
