Las dos deudas

No todas las deudas públicas son iguales a la hora de ser devueltas; si algunas de ellas no se satisfacen hacen que sobre los responsables caiga la acusación de inconstitucionalidad.

En Les Corts, hace un mes escaso, cuando todavía no se había desvelado ni la cantidad, ni los conceptos por los que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) iba a prestar dinero a la Generalitat Valenciana (GV), el interventor general, Salvador Hernández, declaró que en los últimos meses, la GV «casi» había vivido una situación de default. En otras palabras, que el Consell había estado al borde de no poder pagar las nóminas de los trabajadores públicos para atender la deuda financiera que le inmoviliza. Señaló que la posición que había vivido el conseller de Hacienda había sido «muy delicada e intensa» y que ignoraba si el responsable de nuestra hacienda autonómica firmaría en un futuro «no pagar la nómina a los funcionarios por tener que pagar un vencimiento de una deuda que tiene prelación para su pago».

Guste o no, conviene asumir que en nuestra Constitución hay una deuda cuyo pago está por encima de la voluntad política de cualquier gobierno, sea este el central o el de una de las comunidades autónomas (CC AA). La prelación a la que se refería Hernadiz es una consecuencia de nuestra Constitución tras la modificación que se produjo en el verano de 2011. Esto significa simplemente que dejar de pagar una deuda asumida por el Reino de España o por sus CC AA es simplemente inconstitucional. Esta fue la condición que se impuso a España, en una especie de paralelismo con lo que esta vigente en Alemania, para que el Banco Central Europeo pudiera acudir en ayuda del sistema financiero español. Más de un año después de aquella modificación, es una tentación iniciar la discusión sobre si aquello fue bueno o malo. Desgraciadamente, es un tema intelectualmente tan atractivo como inevitable resulta tener que hacer frente a sus consecuencias. Negarse a ejecutar este mandato por parte de un responsable político deja en un juego de niños la intención del president Mas al plantear la posibilidad de un referéndum para Cataluña.

Ignorar esta circunstancia constitucional es un acto poco menos que inconsciente. Las consecuencias que tendría sobre cualquiera de las CC AA obligan al Gobierno central a hacer todo lo que sea de menester para que este default no se produzca. Sin embargo, para las partidas restantes (retribuciones a trabajadores, pagos a proveedores y por último subvenciones y transferencias a otras administraciones) la garantía es de otro orden, obviamente mucho menor, de forma que en caso de quiebra de las CC AA todas las posibilidades están abiertas.

Volviendo a la comparecencia del inicio de esta reflexión, expresar la perplejidad que uno siente al releer el texto de lo dicho hace un mes en Les Corts. Aunque allí no se mintió, nadie tuvo demasiado interés en clarificar lo discutido cuando se afirmó que en la prelación de pago de las deudas de la GV, lo primero que había que atender eran los pagos de interés y deuda «por encima de cualquier otro». Ni Hernández, ni los miembros de Les Corts dijeron a los valencianos que era la Constitución la que marcaba esta prioridad absoluta.

La GV no tiene posibilidad alguna, dentro del orden constitucional actual, de dejar de hacer frente a una deuda que supera sus posibilidades. Lo único que puede hacerse y a ello se han dedicado, con un cierto éxito, los técnicos del Instituto Valenciano de Finanzas, es tratar de convertir la deuda con vencimiento a corto plazo, a deuda con periodos de pago mas largo. De no haber sido así, con el escaso dinero disponible, las retribuciones al personal y el resto de deudas acumuladas posiblemente ya no habrían sido atendidas, ni siquiera parcialmente, como ha venido sucediendo con algunos sectores. Así hay que interpretar una de las frases del interventor de la GV ante la insuficiencia de liquidez: «Es algo que ha tenido una trascendencia muy importante por la necesidad de dar la garantía a los mercados de que podían seguir financiándonos porque siempre se atendería con carácter previo el vencimiento de la deuda y los intereses frente a cualquier otro pago».

Para la GV ya no se trataba de obtener nuevos préstamos, sino simplemente de poder retrasar el vencimiento de los compromisos más recientes. Sin opinar sobre sus consecuencias, sólo apuntar que para el Reino de España la reforma constitucional era una forma de trasladar tranquilidad para seguir suscribiendo deuda (la valenciana hace meses que no la quieren) al tiempo que se trataba de dar alguna garantía de que se iba a pagar. La situación es de una dureza inimaginable, pero no sirve ignorarla, con independencia de las decisiones posteriores que como colectivo democrático seguramente los valencianos vamos a tener que tomar.

Dejando aparte la deuda financiera, en la GV nadie sabe muy bien a cuánto asciende lo que debemos. Cuando se supo la cantidad que nos correspondía en el primer reparto del FLA, muchos pensamos que además de cubrir la parte constitucional y de una cantidad para afrontar parcialmente las necesidades mas críticas (farmacias, dependencia, etcétera) se había incluido toda la deuda que tenia autorizada la GV. Hoy sabemos que en la partida actual del FLA no se ha llegado a conseguir el total de la capacidad de endeudamiento autorizada y en consecuencia los ingresos que había previstos para el Presupuesto del 2012 de la GV no se han cumplido por ahora con la ayuda del Gobierno central. Ello podría explicar la resolución aparecida en el DOGV el pasado miércoles, según la cual, salvo contadas excepciones este Presupuesto va a cerrarse con las facturas que hoy lunes dia 19 de noviembre estén en las intervenciones de las distintas consellerias y similares. A nadie se le oculta que ello representa una forma de reducir el déficit que se acabe registrando a final de año, remitiendo muchos gastos al Presupuesto de 2013 que se esta discutiendo actualmente en Les Corts.

Todo indica que la GV, a pesar de haber recibido casi 5.000 millones de euros en distintas partidas para poder hacer frente a sus deudas no financieras (proveedores, organizaciones y colectivos, etcétera) no va a poder poner su contador a cero ante la magnitud de lo acumulado en los cajones y de los malos resultados de los ingresos en lo que llevamos de 2012, algo que no puede entenderse en el Gobierno central. Se busca afanosamente una solución que pase por lograr que el Estado habilite préstamos adicionales del orden de 2.000 millones de euros, con los que pagar todas las obligaciones y facturas atrasadas. Se dibuja un final de año sin que la GV pueda atender ni los nuevos compromisos de gasto generados en 2012, ni los acumulados de años anteriores que no entraron en el Plan a Proveedores.

Las deudas acumuladas y el bajón en los ingresos fiscales son incompatibles con los servidos que proporciona y financia la GV, bien directa (sanidad, educación pública, ayudas sociales) o indirectamente, como es el caso de las cinco universidades públicas. Sin duda alguna, hemos permitido: grandes corrupciones, decisiones de inversiones sin pies ni cabeza e incapacidades administrativas imperdonables. Sin embargo, la reacción no puede centrarse en exclusiva en la mera depuración de responsabilidades. Imputemos a todos los que lo merezcan, pero ha llegado el momento de la política en mayúsculas.

Alberto Fabra, Ximo Puig, Enric Morera, Jose Císcar y un puñado de políticos en ejercicio, tienen en sus manos el futuro inmediato de la parte del estado de bienestar que todavía no hemos perdido aquellos que aquí vivimos. Ellos tienen que empezar asumiendo que el colapso de la GV está aquí, que hoy es una realidad. Los anuncios radiofónicos de farmacéuticas, de cuidadores de discapacitados etc., mas que avisos son evidencias sobre colapsos que se producirán en cuestión de días. ¡Mas allá de cumplir la Constitución, todas las alarmas están encendidas!