Imputación o puerta de salida

El vicepresidente, José Císcar, insistió el viernes en que si él estuviera imputado, abandonaría «todos los cargos públicos». Císcar se refería a la situación de la alcaldesa de Alicante y diputada, Sonia Castedo, inmersa en el caso Brugal. Es la línea argumental del vicepresidente, que ya había abanderado con Rafael Blasco de forma más contundente. En la regeneración democrática que, con altibajos, aplica el presidente Fabra, los numerosos imputados que se sientan en el grupo parlamentario del PPCV condicionan su discurso. En el PPCV conviven dos posiciones diferenciadas. La doctrina del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, es casi antagónica a la de Císcar. Rus, que mantiene a Blasco en sus órganos directivos, volvió a repetir el miércoles en LevanteTV su postura ya conocida de que la imputación es una medida garantista sin más y que hay que aferrarse a la presunción de inocencia, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Rus lo ejemplificó en el caso del síndic Jorge Bellver, absuelto tras el caso de los Jardines de Monforte.

Como es sabido, el acta de diputado o de concejal corresponde a la persona y no al partido, según el marco legal. La decisión de dimitir es individual. Si en el PPCV no hay una posición única, tampoco los casos investigados son equivalentes. El resultado es que Fabra y Císcar han de buscar equilibrios en el partido y reprimir sus intenciones, lo que lastra también su autoridad.