Retrasos que frustran la justicia

Una sentencia del Supremo y otras dos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han venido a demostrar una vez más que la lentitud de la justicia española desvirtúa su razón de ser. No resulta fácil de entender que se tarde años en determinar que un concejal es tránsfuga, cuando resulta evidente que ha abandonado las filas del partido por el que fue elegido. O que por no paralizar unas obras, cuando llega el fallo que las declara ilegales se haya destruido ya un paraje natural que resulta imposible recuperar. Levante-EMV se hace eco hoy de sendas sentencias relativas a otros tantos pleitos de Silla, Paterna y Massarrojos cuya inoportuniad pone en cuestión los plazos con que trabajan los magistrados. Un mal endémico del que, por otra parte, se aprovechan aquellos que violan la ley confiando en que la lentitud de la justicia convierta en papel mojado cualquier futura resolución condenatoria.

Los jueces se quejan de falta de medios materiales y humanos. Y es evidente que algo o mucho de esto hay cuando los expedientes se acumulan en los estantes sin que nadie los tramite. Pero no es menos cierto que una reciente reforma legal faculta a los secretarios judiciales para que les descarguen de no pocos trámites. Y que quizá convendría que ellos y la Administración de Justicia en su conjunto reflexionaran sobre su productividad y contribuyeran con su esfuerzo a mejorarla, como están haciendo el resto de trabajadores de este país. El garantismo del que hace gala nuestro sistema judicial no puede ni debe estar reñido con una agilidad que asegure, precisamente, que se imparte justicia.