El Gobierno del PP ha decidido modificar la Ley de Bases de Régimen Local con el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Desde el conjunto del municipalismo español, y en especial desde IU, venimos exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la ley de 1985 por considerar que la misma en algunos de sus aspectos había quedado obsoleta. El Gobierno justifica la modificación de 14 artículos en la necesidad de adaptar este texto a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, justificación que no puede calificarse más que de mentirosa y falsa por varias razones.
Los ayuntamientos tienen establecido por ley el cumplimiento del equilibrio presupuestario, no pudiendo aprobar en ningún caso presupuestos con déficit y viéndose obligados en caso de existir el mismo al finalizar el ejercicio a aprobar el siguiente presupuesto con el superávit suficiente para cubrir el déficit. Y además, la aportación de los ayuntamientos al déficit del conjunto de las administraciones públicas es absolutamente irrelevante.
La propuesta presentada pretende modificar parte del articulado que afecta a las siguientes materias: delimitación competencial de los municipios, gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales, convenios y consorcios, competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos. Desde nuestro punto de vista, se utiliza la reforma para dar una vuelca de tuerca al municipalismo limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local.
Introducir elementos como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades autónomas atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión. Debemos señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda, entre otras. Asimismo, se elimina la disposición transitoria segunda de la ley, que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.
Nos encontramos ante una contrarreforma que en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión, se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos, en definitiva, esta contrarreforma supone un paso más del objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público. Por ello, EUPV, desde todos los ámbitos en los que está presente nos opondremos a este proyecto, exigirá su retirada y movilizará a sus cargos públicos locales si finalmente se aprueba el mencionado anteproyecto.
