Una filtración bajo sospecha

El hemiciclo de les Corts fue escenario ayer de la entrega por parte del conseller José Manuel Vela a su excompañero de gabinete Rafael Blasco de un informe cerrado la semana pasada por el interventor de la Generalitat y elaborado como respuesta a una requisitoria del juzgado que le investigó por el escándalo de los fondos de cooperación, por el que finalmente ha sido imputado por el TSJ. Lo que aparenta ser un escandaloso caso de connivencia de un miembro del Ejecutivo autonómico con un implicado en un proceso judicial necesita de una explicación inmediata por parte del Consell. ¿Cómo se entiende que un investigado por la justicia reciba ese informe de mano de quien debe velar por los intereses generales? El caso adquiere aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que la propia Generalitat ejerce la acusación particular, a través de su abogacía, contra el exconseller y aún parlamentario autonómico. Y plantea otro interrogante que requiere una respuesta rauda y convincente: ¿el conseller Vela actuó por iniciativa propia o a instancias o con conocimiento de algún estamento superior, bien en el Ejecutivo, bien en el partido?

Los hechos que hoy desvela Levante-EMV no hacen más que subrayar los riesgos que se derivan de la actual situación judicial del PP, con una decena de parlamentarios y ex altos cargos del Consell incursos en procesos ante los tribunales. La proclama de limpieza expresada de forma reiterada por el presidente Alberto Fabra queda en entredicho con actitudes como la de ayer. Porque si esto lo hacen en público, ¿qué no se puede temer de lo que hagan en privado?