Opinión

Consumo estrangulado

Editorial

Unos 900.000 trabajadores no tendrán esta Navidad paga extraordinaria en la Comunitat Valenciana. A los parados y a los asalariados que no la percibían con anterioridad se suman este año los más de 300.000 empleados públicos que han visto recortado su salario por las instituciones y entidades de las que dependen en un intento de éstas de rebajar el gasto obligadas por la falta de ingresos.

La medida significa que 400 millones de euros que las familias venían gastando en las últimas semanas del año gracias a la extra de Navidad estarán fuera de la circulación y no serán utilizados para activar el consumo, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la economía española.

Las instituciones, legitimadas por los votos de los ciudadanos, tienen derecho a decidir sobre la política retributiva de sus empleados, siempre con los márgenes que prevé la ley. Gobiernos central y autonómicos, diputaciones y ayuntamientos están agobiados por una deuda que los consume y necesitan liberar recursos para cancelarla a costa de rebajar otros gastos y limitar planes e inversiones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el dinero que la Administración deja de pagar a un empleado al que despide se convierte en subsidio de desempleo en otro capítulo del presupuesto. Y el que recorta en forma de paga extra no ingresa en la economía real, la que transforma la actividad en compras y puestos de trabajo, aunque sean temporales.

Las más altas esferas europeas y americanas están poniendo en tela de juicio este ciclo de recortes que estrangula las economías grande y pequeña. De momento, serán los comerciantes los que bajarán los precios esta Navidad.

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