Sacar la Generalitat de la UCI

Aunque haya transcurrido una semana desde la actuación desesperada de la Conselleria de Hacienda, cerrando el ejercicio presupuestario de 2012 con antelación a lo habitual, el balance indica que la Generalitat Valenciana (GV) no está en condiciones de afrontar todos los servicios que tiene encargados. De poco sirve lamentarse, tras meses tratando de explicar las razones del colapso financiero que aguardaba a la GV. Al principio fue una deuda enorme y los sucesivos déficits acumulados. Luego, las ayudas del Gobierno central que no acabaron de hacer borrón y cuenta nueva, debido a todo lo que todavía queda pendiente de pago. Después vino la negativa del Ministerio de Hacienda (posiblemente debida a una imposibilidad derivada de las exigencias europeas) de habilitar un nuevo plan destinado a desatascar las facturas y subvenciones acumuladas en 2012.

Con lo vivido en los últimos días, farmacias, universidades, ayuntamientos, etc., el callejón sin salida de la morosidad define la situación que vivimos en la Comunitat Valenciana (CV). Éste es el dato que debemos asumir, tanto para pedir ayudas externas como para administrar la situación que han creado conjuntamente la ineptitud de nuestros gobernantes y el devenir de la crisis económica. Ya no sirve quejarse, ahora toca arremangarse y ver qué podemos hacer colectivamente. Todas las posibilidades deben ser consideradas. Hay que gestionar la quiebra financiera de la GV, esto es, el futuro de la sanidad, la educación, etcétera, por difícil que ello pueda resultar para los que vivimos en la CV.

Han sido numerosas las personas, bien documentadas y con lealtad con la sociedad civil, que han avisado de la situación que iba a darse en este final de año. Por haber sido publicado recientemente en Levante-EMV, valga el ejemplo de lo declarado por Manuel Miñes, de la Cámara de Contratistas, quien abogaba por «la necesidad de que la GV asuma las dimensiones de la situación de default que vive» abriendo, con ello, un debate tan ­desagradable como inaplazable: «La GV debe elegir entre ser un agente de cobro y reparto del déficit o replantearse su razón de ser y devolver competencias.» A nadie le gusta hablar de desmontar parte de la GV, pero los escasos recursos disponibles obligan, incluso, a plantear esta posibilidad.

Empecemos el debate de forma sosegada, pero sin dejar de considerar que desgraciadamente la GV está en una situación límite (propia de todo ingreso en una UCI). Para que no todo sea apocalíptico, informar de que, en algún cajón, hay previstas partidas para afrontar las deudas financieras y las nóminas de los funcionarios para lo que queda de año. Quien haya vivido una quiebra de una sociedad mercantil sabe que hay un orden establecido a la hora de afrontar los pagos pendientes a partir de lo que se dispone en el momento de la declaración de suspensión de pagos. Aunque aquella prelación no siempre parezca ni la más justa ni la más racional, al menos existen leyes y técnicos para afrontar esta dura coyuntura. Desafortunadamente, nada hay prescrito en el caso de colapsar un Gobierno autonómico, como no sea la explícita obligación legal del Gobierno central de asumir las responsabilidades más inmediatas. Aunque la cosa no esté muy clara, bueno es saber que algo hay legislado para estos casos y cabe esperar que el Estado sabrá estar a la altura de las circunstancias.

En el caso de la GV, al igual que como en cualquier otra institución, gestionar una quiebra no es fácil, pero sí es posible volver a asomar la cabeza si se actúa con solvencia propia de todo buen intensivista. Hacerlo tiene como condiciones necesarias tanto reconocer la realidad como saber explicarla con certeza y sin aspavientos. Luego hay que aplicar toda la capacidad de negociación y reacción que se pueda. En el caso de una comunidad autónoma, el auxilio sólo puede llegar por parte del Gobierno español, que será el nuevo responsable durante un cierto tiempo, mientras que el Consell tiene el papel de aclarar la situación financiera que vive la GV. Como se trata de emerger con una cierta solvencia, es obligado señalar que poco va a poder avanzarse con el equipo que se ha visto obligado a reconocer la suspensión de pagos. No envidio a Fabra, pero la hora de las decisiones desagradables ha llegado.

Son tiempos de zozobra. Nuestros vecinos catalanes toman caminos que preocupan. Cada uno debe analizar las posibilidades que tiene para sobrevivir en estas circunstancias. No parece que hablar de independencia en la CV sea una opción muy aceptada. La clase política y muchas de las instituciones que gobiernan parecen superadas por las circunstancias y ha llegado el momento de una reacción colectiva, siempre lejos de tantos salvapatrias que crujen nuestra historia. Aquella Europa de nuestra juventud se difumina en un futuro incierto, el sentido de un Estado español parece entrar en crisis, las CC AA no parecen estar a la altura de las dificultades y los ayuntamientos deben replantearse muchas cosas. A pesar de tanta connotación negativa, el objetivo sigue siendo minimizar las duras consecuencias de tantos años de equivocaciones colectivas.

En la CV ha pasado la hora de quedarse en la simple manifestación, por legítima y justificada que ésta sea. Para afrontar y tratar de superar la realidad que vivimos, la actuación ciudadana ya no puede reducirse ni a la mera reivindicación de cada uno de los sectores damnificados ni al mero castigo de los principales culpables, ya que a ambas cosas hay que añadir la búsqueda de nuevos equipos al frente de la GV, o bien plantearse devolver las competencias a Madrid.

Produce una cierta consternación tanto que Fabra gobierne con un grupo de imputados que le quitan toda autoridad moral como que el PSPV prepare una manifestación para que todos los alcaldes y concejales socialistas se concentren para reclamar el dinero que les debe la GV. Al parecer, la iniciativa incluye pedir al PP que se sume a la protesta, ya que «están tan ahogados los ayuntamientos donde gobiernan unos como los otros». Mal están las cosas cuando los que tienen que aportar soluciones sólo son capaces de apoyarse unos en presuntos corruptos y otros de lanzarse a la calle. La situación pide mejores cabezas que ejerzan en la democracia cuando los tiempos vienen difíciles.

Más allá de la enorme ineficiencia, demasiado próxima a la corrupción, que en la CV han desarrollado los gobiernos del PP, es obligado asumir que la quiebra de la GV ha tomado cuerpo. No parece la mejor metodología que las decisiones deban tomarse exclusivamente con el simple parámetro de quien reúna más manifestantes. Ni los farmacéuticos, ni los colegios concertados, ni los centros de discapacitados, ni las universidades, ni los ayuntamientos, ni€ van a disponer de un dinero que sus respectivos presupuestos daban por disponible hace unos meses. Nadie está en condiciones de apreciar con objetividad si es más justo pagar las farmacias que a los colegios o hacer frente a la deuda histórica de la universidad, o a la ayuda a quien atiende a un discapacitado, o a los acuerdos firmados con los ayuntamientos. Van a ser decisiones difíciles que nos implican a todos. Hay que acordarse de aquella ministra de Monti cuando, hace ahora un año, al describir lo que iba a pasar en Italia se le saltaron las lágrimas en un acto de sinceridad sólo explicable por la sensibilidad de quien no sea un/una profesional de la política.

Tenemos una tarea impresionante. La CV deberá convivir con unas circunstancias que ya sabemos no son una crisis, sino una depresión de final incierto, ignorando incluso si la propia GV sobrevivirá a ella. Es necesario que simultáneamente al despido de los incompetentes y al castigo de los corruptos surjan democráticamente personas que sean capaces de liderar esta situación. La CV no es un erial en lo que a personas inteligentes y honradas se refiere, y ellas pueden y deben sacarnos de la UCI, por mucha que sea la rudeza que el tratamiento conlleve. Tenemos derecho a que el sol vuelva a salir cada día en una CV democrática y saludable.