El desahucio desenfocado

Parece increíble pero es verdad: ante el drama de los desahucios hay montones de políticos que siguen reaccionando con promesas de legislar la dación en pago. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, les ha enmendado la página al destacar que los desahucios son un problema social que requiere un enfoque de política social, y que la legislación hipotecaria responde a otra lógica. «No es un problema hipotecario, es un problema distinto, de tratamiento humanitario, de acción social», ha dicho Linde, para añadir: «Hay medios para resolverlos sin afectar al sistema financiero». No debería ser necesaria la intervención de tan alta autoridad para darse cuenta de algo obvio: quien pierde el techo que le alberga porque no puede pagar las cuotas de la hipoteca lo perdería de todas formas si le aceptaran la dación en pago, modalidad que por otra parte ya se ha aplicado en numerosas ocasiones como consecuencia de un pacto entre deudor y acreedor.

La dación, junto con otras correcciones de la normativa vigente, eliminaría el fantasma del endeudamiento perpetuo, ese mecanismo diabólico por el que, tras perder la casa, el hipotecado puede ver embargadas todas sus demás propiedades, e incluso el sueldo durante muchos años. También desaparecería el desahucio por embargo de familiares o amigos que en su día avalaron al hipotecado devenido insolvente. Pero los casos dramáticos que nos golpean día tras día, de familias sin recursos que no tienen a donde ir, ni con que avalar las peticiones de renegociación, esos no se solucionan con la dación en pago. Y no se puede pedir a la banca que renuncie a cobrar lo que se le debe, porque las pérdidas que ello ocasionaría las acabaríamos pagando entre todos. No cabe engañarse al respecto.

La legislación es manifiestamente mejorable, sin duda alguna. Pero ahora mismo el drama de los desahucios tiene que ver sobre todo con la asistencia a los más desfavorecidos. Y en un estado social de derecho, esa es una responsabilidad de las administraciones públicas. De la misma forma, es deber del legislador y del gobernante dar respuesta a la emergencia producida por el súbito desajuste entre los ingresos reales de la gente y los precios comprometidos en la compra de lo que hoy ya vale mucho menos. Hay medios para actuar desde lo público en cumplimiento del mandato constitucional que proclama el derecho a una vivienda digna. Lo que no vale es aparentar que no se comprende la realidad del problema y atacarlo con parches, o apuntando hacia otro lado.