Los agricultores valencianos no pueden seguir realizando sus quehaceres profesionales bajo la psicosis que provocan los frecuentes hurtos de frutas y hortalizas, los no menos habituales robos de infraestructuras de riego o, lo que es peor, bajo la amenaza de sufrir en sus propias carnes la violencia de los saqueadores del campo. El reciente crimen de Cheste ha reabierto el debate sobre la conveniencia de endurecer las penas contra los condenados por delitos en el sector agrario. Lo recordaba ayer el vicepresidente y conseller de Agricultura José Císcar, aunque también la Generalitat podría tomar cartas en el asunto y destinar más recursos y medios económicos para vigilar las tierras de cultivo.
La práctica desaparición de la guardería rural „un servicio que agoniza por falta de financiación de los ayuntamientos„ y las escasas dotaciones que destina la Guardia Civil dejan desprotegidos a miles de propietarios de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana que acuden cada vez más temerosos a ejercer las labores que exige el ciclo de cosechas. Urge que las administraciones públicas pongan en marcha programas coordinados de vigilancia y de control en los campos. El aumento de los delitos y robos contribuye a incrementar el abandono agrícola, un éxodo que provoca la pérdida de riqueza y puestos de trabajo que hoy se antojan tan necesarios. Las organizaciones de productores claman desde hace mucho contra la inseguridad, aunque ha hecho falta un asesinato para que les escuchen.
