Entre el discurso oficial y el lenguaje de la calle se levanta un precipicio, un abismo que ha acabado agrandándose al tiempo que se destapaba la corrupción y se agravaban los demoledores efectos de la crisis económica. El ciudadano se siente indefenso ante la podredumbre política y financiera. Y tampoco comprende la lentitud de respuesta de las administraciones públicas frente a las amenazas que condicionan su vida. Las autoridades no han sabido defendernos ni de los abusos de un mercado que sólo protege a los poderosos ni de los delincuentes que se aprovechan del desconcierto para sacar tajada.
Sólo la presión de la opinión pública „alentada activamente por Levante-EMV„ ha forzado a las instituciones a improvisar soluciones que frenen la oleada de robos que se registran en campos y zonas rurales. La Guardia Civil y la policía autonómica han anunciado una mayor coordinación y el incremento de medios humanos y materiales para combatir los hurtos, y el Ministerio de Justicia se ha comprometido a reformar el Código Penal para incrementar las penas que se impongan a los culpables.
Pero mientras el Gobierno y la Generalitat concretan su propósito de enmienda, los ayuntamientos no pueden mirar hacia otro lado. A ellos les corresponde movilizar a la policía local y reactivar la guardería rural. El Consell Agrari de Benicarló ya ha dado un «toque de atención» a los ediles de Agricultura y Seguridad por su inoperancia. La ciudadanía se ha vuelto exigente. Y la realidad demuestra que no es para menos.
