En el actual debate sobre el proceso de secesión de Cataluña se menciona a menudo el consabido artículo 2 de la Constitución, el que proclama la «indisoluble unidad de la Nación española». Pero a algunos nos sorprende la relativa ausencia de alusiones a otro artículo constitucional que, a mi juicio y en relación con este asunto, resulta tan relevante como el que se acaba de citar: el artículo 11.1, que estipula que «ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad».

Por ese artículo, el Estado español se niega a sí mismo la potestad de extinguir unilateralmente el vínculo político esencial que mantiene con cualquier español de origen. De este precepto cabe colegir que, con mayor razón, nuestro Estado tampoco puede reconocer a otro poder político cualquiera la potestad de arrebatar a nacionales españoles su ciudadanía.

Ahora bien, lo que pretenden quienes dirigen actualmente Cataluña es justamente esto: despojar a ciudadanos españoles de su nacionalidad española. Lo que esos dirigentes se proponen es sustituir la plena y cabal ciudadanía española de la que gozan los catalanes por una hipotética ciudadanía catalana que sería incompatible con la anterior, o en todo caso superior a ella.

Es aquí donde mejor se evidencia que el tan traído y llevado derecho a decidir, al contrario de lo que parecen presuponer sus postulantes, no puede tener nunca un carácter absoluto. Nadie „ningún colectivo humano, por empaque nacional que quiera atribuirse„ tiene derecho a decidir el retorno de la esclavitud, ni la vuelta al sufragio censitario, ni, en general, la anulación de los legítimos derechos de nadie. Y poca duda cabe de que los ciudadanos españoles residentes en Cataluña tienen como derecho legítimo el disfrute integral de esa su condición de ciudadanos españoles, condición que, entre otras cosas, constituye la base de sus privilegios como ciudadanos de la Unión Europea.

Cualquier español puede, en principio, renunciar a su nacionalidad española para adoptar otra. Mas ésta es una decisión personalísima, individual e intransferible, que ningún poder político (empezando por el propio Estado español) puede tomar por su cuenta, aunque disponga de un supuesto respaldo democrático masivo para hacerlo. Pero la intención apenas oculta de los defensores del derecho a decidir es anular, justamente, esa condición política de ciudadanos españoles que actualmente posee una abrumadora mayoría de catalanes. En realidad, lo que tratan de pergeñar los adalides del separatismo catalán es una suerte de birlibirloque político a gran escala, consistente en trocar el dinero contante y sonante que la ciudadanía española representa, por los dudosos pagarés de una pretendida ciudadanía catalana de contornos confusos e incierto futuro.

Ahora bien, ese trueque, de llevarse a efecto, equivaldría de hecho a un monumental e ilícito expolio de derechos políticos fundamentales, un expolio cuya víctima sería la casi totalidad de la ciudadanía catalana.