Un derecho pisoteado

La única imagen que existe de Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser, entrando a declarar en un juicio por otra causa en la Audiencia de Valencia no se podría haber tomado hoy. En una espiral incomprensible, jueces y responsables de la Administración de Justicia han ido acorralando a los cronistas de tribunales hasta hacer prácticamente imposible su trabajo. No se pueden tomar imágenes en los pasillos; no se pueden captar fotografías o vídeo más que el primer día de un juicio; las sentencias se entregan con los nombres de los protagonistas tachados, incluso los de los condenados y, desde ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia, el demandado en una causa tiene en su mano decidir si el juicio es a puerta cerrada o no. Se ventilaba una demanda contra Roberto Soldado, la estrella del Valencia CF, por un contrato de alquiler de un piso. Su esposa representaba al futbolista, ausente, y logró que la jueza, María Ángeles Barona, amparase su invocación de privacidad. No hubo «audiencia pública» y sí una nueva burla al derecho a informar.