H ace un par de semanas el Gobierno presentaba el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA). En las fechas previas se había utilizado el eslogan «una competencia, una administración», presumiendo una reforma en profundidad, para evitar duplicidades y solapamientos, que logre prestar mejor los servicios públicos a un menor coste. A la vista de las 217 medidas, se trata más bien de un intento de simplificación y racionalidad administrativa, pero desde el punto de vista de los procedimientos, es decir, de la burocracia.
En algunos ámbitos, las propuestas no llegan ni a burocráticas. En el informe aparecen tres propuestas relacionadas con las carreteras. Dos de ellas ya se encontraban reguladas y se vienen desarrollando desde inicios de este siglo y la tercera es una apariencia de mejora.
La primera propuesta consiste en la cesión gratuita a ayuntamientos de tramos de carreteras del Estado que sean travesías urbanas. Desde el año 2001, con actualización en 2005, se encuentran reguladas dichas cesiones por una orden del Ministerio de Fomento, contemplando una dotación económica para la ejecución de las obras de acondicionamiento precisas, fijada en 204.644 euros por kilómetro de carretera a ceder (con actualización basada en el IPC). Lo sorprendente de esto es que hay muchos expedientes de cesión que están paralizados por falta de dotación presupuestaria en el ministerio y ahora pretende endosarlos a los ayuntamientos a título gratuito. Por tanto, no se trata de un ahorro global de la Administración sino de la del Estado. De todas formas, ya hay comunidades autónomas (CC AA) que están haciendo por decreto este endose gratuito a los ayuntamientos, como la valenciana.
La siguiente propuesta tiene como objetivo la permuta de algunas carreteras entre administraciones, para lo que propone una planificación conjunta en este ámbito. Esto se viene de-
sarrollando desde hace más de una década, a través de convenios con las CC AA, por lo que no aporta nada nuevo.
La tercera propuesta plantea compartir con las CC AA , inmuebles, laboratorios, talleres y parques de maquinaria, que podrán ser así objeto de un óptimo aprovechamiento para la conservación de las carreteras de una misma zona pero integradas en redes de distinta titularidad. Esto es aún más curioso y engañoso, ya que puede que el ministerio disponga patrimonialmente de alguna instalación, pero en su mayoría no están operativas. Todo ello porque están totalmente contratadas las conservaciones con empresas, que son las que disponen los medios necesarios.
En resumen, al informe CORA le falta profundizar en la gestión única de carreteras para que realmente sea óptima y pueda suponer un ahorro importante a la sociedad: un territorio, una única administración titular que gestiona todo.
La sociedad debe saber que actualmente, en la mayoría de nuestro territorio, la red de carreteras que para los usuarios es única, corresponde a tres administraciones distintas (Estado, CC AA y diputaciones), que disponen en paralelo: sus estructuras técnica y administrativa; sus empresas contratadas para desarrollar las labores de explotación y conservación, con sus instalaciones y maquinarias independientes; sus empresas contratadas para supervisar lo que hacen las otras empresas; y sus técnicos contratados para supervisar la seguridad y salud. Todo ello, por triplicado para intervenir en un mismo ámbito geográfico y en una única red de carreteras a efectos funcionales.
La verdadera reforma en el sector de las carreteras pasaría por una administración única para la gestión de las carreteras. Y esto no es nuevo en España: en el País Vasco, Navarra y los cabildos, se viene aplicando desde hace muchos años, con éxito y eficiencia.
El Gobierno ha elegido otro camino para la optimización de las carreteras, que se parece más a una senda que no puede llevar muy lejos en la eficiencia.
