Otras instituciones que caen

E s cierto tal como me recuerda un buen amigo, que junto a las instituciones económico-empresariales, de las que hable la semana pasada, hay otras entidades que acusan un notable deterioro. El hecho de que sanidad y educación sean las responsables del 70 por cien del presupuesto de la Generalitat Valenciana„ que se ha cifrado en 13.940 millones de euros para 2013 „nos sitúa frente a un problema que afecta a la salud de la población y a la formación del segmento generacional más sensible y con mayor incidencia en el progreso del país, que es la juventud en fase de asimilar conocimientos. El 40 por cien proviene de la inversión en el sector sanitario y el 30 por cien se deriva de las distintas áreas educativas. Si a estas partidas añadimos el 10 por cien que hay que destinar para financiar la deuda, solo queda un 20 por cien para el resto de actividades económicas, administrativas, culturales, atención social, agricultura, justicia, obras públicas o grandes eventos.

El hecho de que el Comité Económico y Social de la C.V. junto con la Acadèmia Valenciana de la Llengua hayan visto reducidos sus miembros a la mitad, indica la falta de racionalidad a la hora reformar las entidades con repercusión pública, cuya composición obedece a cuotas de representación política. Si a este efecto de la austeridad se añade que las medidas adoptadas limitan la representatividad, reducen el abanico de sectores convocados y en todos los casos, refuerzan el papel de las mayorías ponderadas, se encienden todas las alarmas. La independencia de las instituciones peligra.

El último intento, desafortunado y estéril, de situar, por parte del Grupo Popular de les Corts Valencianes, los orígenes de la lengua valenciana en la «civilización íbera» solo contribuye a enrarecer el clima de enfrentamiento que parecía haber sido superado en los últimos tiempos, mediante la buena voluntad. Con la lengua no se juega ni se negocia ni se imponen los veredictos de quienes carecen de capacidad filológica suficiente para emitir opinión. Las conclusiones pueden ser diversas, pero nunca ajenas a la lógica y al sentido común.

Estamos en una autonomía donde el presupuesto destinado a sanidad se ha reducido sensiblemente en los dos últimos ejercicios, mientras en el resto de países se incrementa. Los hospitales de referencia han reducido un 25% las camas disponibles y en 300 camas la disponibilidad para crónicos y pacientes de larga estancia a lo largo del verano.

En educación los recortes han llevado a suprimir 22.600 profesores de la escuela pública española en dos cursos. La reducción de becas y ayudas junto con el incremento de las tasas, han «expulsado» a más de 10.000 alumnos de las universidades que, por otra parte, viven en estado de desconcierto por el dinero que se les adeuda. Los profesores universitarios están desmotivados y tampoco confían en que se respete la independencia académica. Muy probablemente lo que estamos viviendo es una crisis de valores y un celo incansable por incrementar el consumo cultural. Esta fase previa es la que acompaña a la obsesión por privatizar la enseñanza y la gestión cultural. Espacios y ámbitos que podrían ser gestionados eficientemente por departamentos de las administraciones públicas, incluida la municipal, cuando acaban subcontratando su actividad con dos sobrecostes: el de los cánones de las concesiones y el sobreañadido, por dejar a los empleados de la función pública sin trabajo ni competencias.

Mención especial merece el jarro de agua fría que ha lanzado el gobierno francés sobre el retraso, como mínimo hasta el 2030, de la conexión transpirenaica del llamado «Corredor Mediterráneo», que bien podríamos definir como pasillo ferroviario interrumpido y aislado del resto de Europa. Escandaliza la escasa capacidad de reacción y presión de las administraciones, central y autonómica, a la hora de exigir un compromiso para que este eje de infraestructura sea una realidad inmediata. La forma de contrarrestar esta mala noticia sería la decidida promoción de los intercambios comerciales, de negocio y de cooperación entre todo el Arco Mediterráneo. Es una baza política decisiva para poner en marcha todos los mecanismos de colaboración y construcción de infraestructuras que se justificarían a sí mismas, sin necesidad de pronunciamientos grandilocuentes.

La sociedad valenciana está enferma. El síntoma más evidente de esta patología colectiva es la incapacidad de reivindicación eficaz, el desconcierto en su organización y la docilidad con que se acepta el cúmulo de atropellos, a añadir a la enorme merma de derechos y logros sociales que habrían de ser inviolables. Constituyen el acervo de varias generaciones que han luchado por ellos sin tregua. Peligra la acumulación de avances cívicos, ante la insolencia de quienes están desmontando los resortes de la sociedad, cuando tendrían que ser sus primeros servidores, ya que por eso cobran.