Énfasis y crisis

Dar a entender más de lo que realmente se expresa». Si lo anterior se contextualiza diciendo que, lo que se expresa puede estar dictado por la ignorancia; que, quien lo verbaliza tiene responsabilidades políticas o es dirigente empresarial; que ello ocurre en un entorno difícil como el que vivimos en la Comunidad Valenciana (CV) cuando la claridad es imprescindible,€determinados episodios de énfasis pueden limitar con una cierta corrupción intelectual.

Rita Barbera al abrir la presentación de la «marca España», con siete ministros desplazados a Valencia, no fue un ejemplo de autocrítica: «El Renacimiento entró por Valencia, y un nuevo renacimiento entrará otra vez por esta ciudad». Sin asomo de autocrítica volvió a manifestar que los eventos deportivos como America's Cup o Fórmula 1, han puesto a Valencia en primera línea. «Podemos hacer las cosas muy bien, pero esto no es suficiente si no se lo contamos al mundo sin intermediarios». No es énfasis, es simplemente, pasar por alto la responsabilidad que le corresponder en la versión valenciana de la crisis.

Siguiendo con ejemplos derivados de la sesión de la «marca España» valga una conclusión de la mesa moderada por el presidente de los empresarios de AVE, textualmente: «La red de alta velocidad en España es una tarjeta de presentación de modernidad y calidad que debe ser puesta en valor, deben finalizarse aquellos tramos que por su densidad de tráfico, por la importancia del sector turístico y sobretodo atendiendo a criterios de rentabilidad nos pondrán a la vanguardia mundial. El ejemplo más claro es alta velocidad por el arco mediterráneo español. (Revolución)». Al corredor el término «revolución» no sólo es enfático, además de impropio de un documento pretendidamente riguroso.

Sin hacer comparaciones, es posible que mañana exista la tentación de un énfasis improductivo, tras la reunión prevista en la Conselleria de Hacienda, para empezar a analizar el informe de la Comisión de Expertos pactados por las Corts sobre el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica, que cifra en 13.500 millones la deuda histórica del Estado con la CV.

Con todo lo que está cayendo, conviene no pasarse en la reivindicación de lo históricamente acaecido con el silencio de la inmensa mayoría de responsables. Por el énfasis no caigamos en el patetismo de la Grecia de hoy que en su desesperación reclama a Alemania la deuda por los males que le causó cuando Hitler mandaba. De seguir por este camino podemos llegar a reclamar a Madrid «los males que vienen de Almansa». Estamos al inicio del camino de un consenso para un cambio en el sistema de financiación. Sólo es la base para discusiones futuras, que nadie sabe ni cuando ni en qué marco constitucional van a darse (¿federalismo?, ¿Cataluña independiente?, etc.).

No es razonable que si un grupo político quiere ser una alternativa de gobierno para la CV se deje llevar por lo enfático de una deuda histórica y con ello evitar presentar un programa que asuma la realidad actual de nuestros presupuestos públicos y de nuestra actividad económica.

Si dejamos los énfasis, la semana pasada ha sido muy reveladora. Hasta ahora dábamos por hecho que el Gobierno central estaría en condiciones de proporcionar a la GV la financiación que necesita para desarrollar sus servicios. Desafortunadamente hemos sabido que el Gobierno cerró mayo con una deuda del 89,6% del PIB (dos puntos en los primeros cinco meses de 2013) cuando las previsiones para todo el año son del 91,4% del PIB. Mas allá de toda extrapolación numérica, lo más preocupante estriba en las consecuencias a corto plazo de la obligación, salvo sanción importante, que a finales de año, todas las Administraciones Públicas deberán pagar a sus proveedores en 30 días, o van a ser seriamente sancionadas. Es una transposición de la Directiva de la UE de lucha contra la morosidad. Ante ello el Gobierno (que es el único y obligado prestatario de la GV) ha estado haciendo dos paquetes de facturas, las previas al último día de 2012 (para las que la GV ya ha pedido mas de 2.000 millones). Ilusos los valencianos que creíamos que no había facturas en los cajones procedentes de 2012 o de años anteriores) y un segundo con las que vencían precisamente el pasado mayo.

Para resolver la situación estaba previsto en 2013 un nuevo Plan de Pago a Proveedores (PPP) por unos miles de millones. Desgraciadamente hoy sabemos que el Gobierno va a tener una demanda de 19.350 millones de euros, más del doble. De ellos 15.324 millones corresponderán a facturas de las comunidades autónomas (CC AA); la parte correspondiente a la GV no se conoce con exactitud. Esto significa que a pesar de la subida de deuda de mayo, en lo que queda de año bien habrá que sacar a los mercados más deuda para abonar facturas, en principio ya contabilizadas y reconocidas, bien prepararse para aflorar más déficit que el comprometido. A partir de ahora Hacienda tiene que asumir nuevas obligaciones que duplican sus previsiones ,ya que las facturas en los cajones con cargo al PPP siguen aflorando en las CC AA en forma de: proveedores de universidades, parques tecnológicos, transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales, sentencias judiciales firmes, etc.

Este incremento de deuda pública destroza las cifras macroeconómicas que el Gobierno debe enviar para su examen a Bruselas y por ello se anulan inversiones mas o menos prometidas (aquí reclamamos enfáticamente corredores ya muertos en los presupuestos reales de Fomento). El nuevo PPP tiene que financiarse con más deuda emitida por el Reino de España y si se consigue esta liquidez (condición vital para la GV) se caen las previsiones de deuda para 2013. Esta es la pinza financiera que atenaza al Gobierno, forzado por un lado a recortar, para poder rebajar el déficit de 2013 al 6,5% y por otro, en graves apuros por afrontar el inusitado repunte de la deuda pública. No se sabe por qué lado se dará el incumplimiento, pero no es inteligente ignorar la situación desde la CV, a la hora de poner sobre la mesa una renacida deuda histórica.

Hablando de énfasis más o menos inconscientes o políticos, es duro oír a Rosa Aguilar, quien a pesar de su condición de exministra socialista, reprocha que «no se diga toda la verdad de lo que guarda y esconde» (el PPP) liquidando el asunto con una salida populista: «Está cargada de intencionalidad política e ideológica, que afecta al modelo de Estado centralista que quieren imponernos». Ojalá todo quedara en este tipo de debate.

Hay que esperar que los partidos que acudan mañana a la conselleria asuman la gravedad de la situación, con independencia de sus legítimas ideologías. Si se quedan sólo en enfatizar la deuda histórica, algo quedará tocado en la renovación profunda que la CV necesita.