Rajoy y el estado de derecho

Las declaraciones de Mariano Rajoy tras la publicación de los papeles originales de Luis Bárcenas llaman, como poco, a la sorpresa y la estupefacción. Ha dicho Rajoy que "El Estado de Derecho no se somete a chantaje", afirmación sorprendente cuando quienes están siendo chantajeados son el propio Rajoy y su partido. Rajoy y el Partido Popular se hallan inmersos en la mayor trama de corrupción de nuestra historia democrática que, como estamos empezando a saber, hunde sus raíces en tiempos lejanos y que a los valencianos nos son bien conocidos: en las últimas declaraciones judiciales de Bárcenas ya resuenan los nombre de Rosendo Naseiro y de Angel Sanchis Perales.

Nada repugna más al Estado de Derecho que la corrupción pública, pues precisamente el Estado de Derecho es una institución que nace para expulsar de la vida pública las corruptelas y los excesos de un poder político incontrolado. En la gravísima situación actual, es el propio Rajoy quien está poniendo en jaque al Estado de Derecho cuando rehúye el control parlamentario e impide que los representantes de la soberanía ejerzan sus legítimas funciones de control del Gobierno. Y el Partido Popular, cuando construye un muro de contención ante su debilitado Presidente, está siendo colaborador necesario de esta estrategia.

Rajoy solo habló cuando no tuvo más remedio que comparecer ante los medios españoles: en la rueda de prensa con el presidente polaco Donald Tusk tras la cumbre de ambos países. Y lo hizo con muy poca fortuna; para dar veracidad a sus manifestaciones apostilló que el caso Bárcenas lo llevan el mismo juez, el mismo fiscal, los mismos policías y los mismos funcionarios de la agencia tributaria que antes de la formación del actual Gobierno. Y esta afirmación es la que produce máxima estupefacción. Tal vez Rajoy estaba insinuando que su Gobierno pudo haber sustituido a los agentes de policía, a los fiscales, o a los funcionarios de la administración tributaria que están auxiliando a la justicia en el caso Bárcenas, pero de haberlo hecho constituiría una desviación de poder, figura creada, precisamente, por el Estado de Derecho para reprimir el uso arbitrario y despótico del poder público.

Podía Rajoy, tal vez, estar también insinuando un cambio en un futuro inmediato del juez que está instruyendo las actuaciones contra Bárcenas. Esta vez el ataque al Estado de Derecho sería frontal, terrible. La imparcialidad de la justicia, la inamovilidad de los miembros del poder judicial, es la garantía básica y última del Estado de Derecho; el último reducto para frenar a un poder político avasallante, expansivo y que pretende desnaturalizar un recto entendimiento de los valores democráticos.

Los riesgos que atenazan al Estado de Derecho son viejos: ya fueron explicitados en los debates sobre la construcción jurídica de Hans Kelsen y la formulación de la reductio ad hitlerum. Detrás de ellos subyace el gran peligro de la conversión de los sistemas democráticos en democracias puramente formales que propician derivas totalitarias. Apelar al valor absoluto de las mayorías para imponer decisiones no recogidas en un programa político sometido a valoración electoral entraña riesgos mucho mayores que el de la propia supervivencia de un político o del grupo que lo apoya.

Por eso, de sus propias declaraciones y actitudes se deduce que es el propio Rajoy quien constituye el mayor riesgo para el Estado de Derecho. Con más propiedad, Rajoy seguramente quiso decir que el Estado no se somete a chantaje, inspirado en esa identificación del Estado con la cabeza del poder, según la frase que se atribuye a Luis XIV de que L´Etat c´est moi.