El Gobierno se atasca en el Júcar

El agua se ha convertido en los últimos años en uno de los debates más espinosos y también de mayor calado político. Poner a las comunidades de acuerdo parece un imposible, como lo es anteponer los intereses de los agricultores y de la misma sociedad por encima de la territorialidad política. Ahora parece que las negociaciones para cerrar el borrador del Plan Hidrográfico del Júcar están al borde de la ruptura pese a la amenaza del Gobierno de aprobar el documento incluso sin el visto bueno de las comunidades autónomas afectadas, esto es, de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. El Gobierno quiere aumentar las dotaciones de aguas superficiales reguladas en el embalse de Alarcón para destinarlas al regadío manchego y acepta modificar el estatus del trasvase Júcar-Vinalopó para hacer posible una segunda toma en Cortes de Pallás. Los cambios obligarían a los regantes tradicionales del Júcar a renunciar a una parte del agua del río y a sacarla de sus pozos. El Júcar perdería caudal y también calidad en sus aguas.

La Generalitat recurrió con frecuencia a la instrumentalización política del agua abriendo vías de enfrentamiento con el Gobierno central y las comunidades autónomas vecinas. Para ello usó organismos como la Fundación Agua y Progreso, que ahora disuelve, mientras confunde a los ciudadanos al apoyar un Plan del Ebro hecho a la medida de Aragón o cuando pone en manos de un consultor externo la defensa de sus intereses hídricos en la negociación final sobre el Júcar.