Justica distributiva

El 11 de agosto la ONCE dedica el cupón del domingo a celebrar el 125 Aniversario de la constitución de la Unión General de Trabajadores. A tal fin se emitirán cinco millones y medio de cupones recogiendo la efigie de Pablo Iglesias y se hará un servicio de propaganda gratuito sin precedentes a favor del sindicato socialista.

Los datos históricos nos llevan al siguiente día „12 de agosto de 1888„ en la calle Tallers de Barcelona, número 29, cuando 25 delegados (o 26 según otros sindicalistas), en representación de 41 sociedades obreras, constituyeron la UGT teniendo como Presidente a García Quejido y de Secretario a Ramón Cuiró. El 16 de julio de 2001, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dicta la sentencia, nº 33/01 confirmada en prácticamente todos los términos por la de 9 de octubre de 2003 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, nº 1212/03 en que se condena a UGT por «un delito continuado de apropiación indebida» en el asunto PSV-IGS-UGT («que son uno y lo mismo») elevando a 23.000 millones de pesetas la estafa realizada frente a los cooperativistas engañados. La ONCE mantiene excelentes relaciones con UGT, cuyo sindicato en la empresa (UTO) es absolutamente mayoritario, motivo que no nos hace extrañar el desarrollo de tal campaña propagandística a favor «de su sindicato».

Es verdad que existen brocardos jurídicos de aplicación en el campo del derecho y de la vida social. Algunos recordamos el que dice: «Honeste vivere, nemine laedere, suum cuique tribuere» y esperamos que la ONCE lo aplique de manera contundente, sobre todo, en su tercer epígrafe.

Si han pretendido hacer propaganda de una efeméride importante (nacimiento de la UGT) tampoco estará de más celebrar en un próximo sorteo (dar a cada uno lo suyo) la condena en firme de dicha organización por el fraude cometido. Otra cosa sería partidismo y apoyo a la corrupción cosa que en la ONCE no debería verse con buenos ojos.

La condena de UGT (2001,2003) hubiera supuesto „de inmediato„ la desaparición de dicha organización sindical. Para evitarlo Valentín Gómez, Secretario General de Empleo, entonces, consiguió el cese de José Ignacio Solis Zuñiga a la sazón Subdirector General de Patrimonio Sindical e inmediatamente adjudicó el gobierno socialista 151 millones de euros a cuenta de un inexistente patrimonio sindical, numerosas veces reintegrado a su organización sindical. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre dicha sinvergonzonería. Cuando tenga tiempo. Ya sabemos que dicho tribunal es vago y mareante. Dar a cada uno lo suyo. Justicia distributiva.