Hoy, cuando es vital sentir una alternativa post-PP, que sea creíble para intentar afrontar con rigor lo que quede de lo que conocemos como Generalitat Valenciana (GV), hay grupos políticos que desgraciadamente no acaban de superar la hermosa edad de la adolescencia. Más que nunca necesitamos gente adulta y sensata, cosa que pasa por no abusar de expresiones carentes de sentido.

Con una deuda camino de finalizar 2013 con un 31,3 % de nuestro PIB, en la jerga política valenciana han aparecido dos imprecisos adjetivos ligados a ella: histórica e ilegítima. Aunque sea muy dudoso que en algún momento el resto de España pueda reconocernos una deuda histórica, al menos conceptualmente el adjetivo se entiende, refieriéndose a un mal reparto entre comunidades autónomas consentido durante muchos años y de la posibilidad que el Estado pueda tratar de compensarlo en un futuro mas o menos lejano. El adjetivo tiene significado, con independencia de las escasísimas posibilidades de materialización que pueda tener la deuda así denominada.

Respecto a ilegítima, el concepto puede ser algo más que un abuso de lenguaje. Analicemos el uso del adjetivo en el marco de las respuestas dadas por dos representantes de la oposición a un cuestionario planteado por un digital valenciano que ha tratado de pulsar las posibles soluciones alternativas que habría en materia de ingresos, recortes y gestión de la deuda. Textualmente en el apartado de la deuda:

«Proponemos devolver los presupuestos hasta que nos auditen la deuda, y una vez auditada, no devolver la deuda que se considere ilegítima. Con la legítima debe afrontarse una negociación seria con los bancos y con el Gobierno de España y que se aborde una revisión de intereses. Nos parecen intereses de usura, y lo que es peor, estamos generando una deuda impresionante por los mecanismos de financiación ofrecidos por el Gobierno» (Mireia Mollà, portavoz de economía de Compromís).

«En primer lugar, la deuda debe ser sometida a una auditoría externa que dirima entre deuda legítima de la que no lo es. En segundo lugar, utilizar la deuda histórica para condonar la deuda legitima en los plazos que se negocie» (Marga Sanz, coordinadora general y portavoz de Esquerra Unida).

La tercera contestación es la del PSPV-PSOE, que hablando de los citados desajustes históricos, más precavido y modesto, nada dijo sobre la existencia de una supuesta deuda ilegítima. Otros no se resistieron y dieron opiniones calcadas.

Hay que pedir a los grupos que antes de llegar a tener responsabilidades de gobierno, una circunstancia que puede darse incluso mucho antes de lo que ellos mismos piensan, que interioricen ciertas realidades. Cuando la GV acudía al mercado de deuda (en la actualidad no lo hace porque no le prestan y sólo le queda mirar a Montoro) nadie le preguntaba sobre el destino de aquellos dineros. Un mismo préstamo se utilizaba tanto para hacer frente a gastos que causaban menosprecio, como para encarar necesidades y servicios mucho más comprensibles.

Las dos declaraciones transcritas no son cuidadosas a la hora de adjetivar (y ello sin hablar de la referencia a unos intereses de usura del Gobierno central o a la asunción pura y simple de la condonación de la deuda de la GV. Lo expresado en ambos párrafos alcanzar la incoherencia al proclamar su confianza en unos auditores áulicos, capaces de discernir en términos de legitimidad o ilegitimidad la deuda que apacienta la Conselleria de Hacienda.

Con estos niveles de rigor se hace incluso más difícil pensar en una alternativa coherente. Sin embargo, esta posibilidad de relevo es vital, por lo que no cabe más que exigir mayor profundidad en el análisis a quien está en la oposición. Determinadas expresiones pueden ayudar a ganar elecciones, pero al día siguiente de la votación habrá que tomar decisiones y se tendrá que estar a la altura de la confianza que puedan depositar los valencianos en cualquier alternativa a lo vivido hasta ahora.

En materia de deuda no hay ilegitimidad, quizás podría haber ilegalidad bien porque se hubieran incumplido los pasos que correspondían, bien por el hecho de que quien prestó, lo hubiera hecho de forma inconsecuente (¡qué interesante el dictamen de la juez con el asunto del aval de la GV a la deuda de la Fundación del Valencia en tiempos de Bancaja!). Siendo más radicales, incluso esta deuda puede no reconocerse y asumir su impago, cuando se ocupen los despachos del Consell. Incluso entonces el argumento de la legitimidad sería una vacuidad.

Podemos ponernos de acuerdo acerca de la incompetencia/corrupción de las personas que pidieron préstamos para cumplir objetivos innecesarios, pero no echar en saco roto que quien dio luz a esta deuda fue la GV, la que por muchas incompetencias que ejerciera no había perdido ninguna ilegitimidad. Sin abusar del paralelismo entre hijo/a y «deuda actual de la GV» en términos de ilegitimidad, quizás sea bueno recordar que ninguna mujer piensa que su hijo/a es ilegítimo/a. Los valencianos dimos permiso a quien estaba al frente de la GV para que pariera préstamos de forma alocada, pero ahora desgraciadamente son hijos nuestros y no sé cómo vamos a negarlos calificándolos de ilegítimos. Quedaba el derecho de recurrir al aborto, pero no se hizo cuando pudo hacerse y en este caso se sabe que llaga el parto. Hoy la cuestión no es moral, sino de decisión política para afrontar un futuro cercano.

Se siente temor cuando por un lado se anuncian unos presupuestos para 2014 que más que duros van a ser casi imposibles de elaborar con las condiciones que tenemos, al tiempo que en la alternativa deseada se registra una cierta falta de capacidad intelectual y se acaba reduciendo el problema al inútil debate sobre legitimidad de la deuda. El tripartito, o lo que sea que vaya a seguir a la etapa del PP, va a tener que decidir sobre si puede o no asumir la deuda, si se declara en bancarrota, si pide la intervención por parte del Estado, pero lo que no podrá hacer es pedir un análisis del ADN de los más de 30.000 millones que hoy debe la GV.

La veracidad de las cifras del Banco de España no admite duda alguna. Si se insiste con auditorías como las pedidas por nuestras dos parlamentarias estaremos ante un inútil dispendio, tanto de dinero público como de tiempo en la búsqueda de una recuperación que evite nuestra desaparición como colectivo que hoy rige parte de su convivencia bajo un Estatut.

Dentro de pocas semanas, si llega el borrador de Presupuestos de la GV para 2014, se concretarán muchos de los temores específicos de los valencianos. Si seguimos hablando de ilegitimidades, el modelo que pretende seguir el actual escrache de Cataluña puede ser coherente. Si por el contrario la salida democrática decidida por los que aquí vivimos no va a ser ésta, no es inteligente que nos quedemos en meros juicios morales.