No se sabe si alguien puede permanecer impasible cuando el descomunal rescate de las entidades financieras españolas ha costado al contribuyente, por el momento, 61.000 millones de euros, cinco veces el déficit acumulado de la Comunitat Valenciana. A nosotros nos flagelan y a ellos les premian. Tampoco se entiende que después de estas cifras desmedidas, que proyectan la escena de un gran fracaso, todavía se pretenda que las entidades financieras son empresas privadas. Quizás mejor podríamos entender que son negocios privados al servicio de intereses inconfesables. Esas cosas que un socio mío me dijo, no hace mucho tiempo, que eran asuntos que él conocía pero que no me podía explicar, a la hora de aclarar las cuentas de una empresa común. Como las de Bárcenas, las de Gürtel, las de Emarsa o las de Nóos.
Más de 13.000 empleos se han perdido en la industria textil de la Vall d´Albaida en lo que va de crisis. El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, va a dedicar 1,3 millones de euros para enseñar a los médicos del Servei Valencià de Salut cómo recetar con mayor ahorro, cuando hubiera sido mucho más eficaz y barato que los médicos le explicaran a él de qué manera se ha de gestionar la sanidad pública. Vamos con el tercer Plan Pive, que se traduce en subvenciones continuadas para los fabricantes de automóviles. Éstos responden con ampliaciones y más modelos a producir en una España decrépita. Ford amplía en más de mil empleos la plantilla de su factoría en Almussafes cuando paga un 5 % por el impuesto de sociedades, como buena multinacional.
El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha sorprendido a los parroquianos con alevosía, premeditación y nocturnidad al ampliar la lista de agobios tributarios a aprobar en agosto, cuando la gente está en la playa. Ha incrementado los impuestos de sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados. Y no contento con estas medidas impopulares, ha aprovechado las altas temperaturas de la canícula para lanzar el globo sonda con las amenazas sobre lo que les puede ocurrir a los funcionarios en enero de 2014 o antes con su retribución de diciembre: nada de pagas extra. A la porra lo comprometido por la Generalitat con el famoso decreto de su antecesor, José Manuel Vela, de aciaga memoria por sus trapisondas en el gasto público. Le tendieron la trampa y cayó. Uno menos. Moragues todavía no se ha dado cuenta de que sus antecedentes en la Agencia Tributaria no sirven para aplicar ese mismo modelo a la política que necesita el PP para sobrevivir ni tampoco al menguado bolsillo de los ciudadanos que, si se descuida, se le tirarán al cuello. Si esto ocurre, su fulgurante carrera política habrá terminado como flor de un día, siguiendo los pasos de Vela, pero con mucha más celeridad.
Al inicio del mes de septiembre ha cogido el relevo el errático Partido Popular después de la desquiciada hazaña por la reconquista de la roca de Gibraltar, cuya mayor responsabilidad es del ministro de Exteriores, García Margallo, asistido por su escudero Federico Trillo desde la Embajada del Reino de España en Londres. Coincide con una andanada en la línea de flotación autonómica por el caos en las concesiones y en las tarifas dispares por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que además de no servir para nada y ser un impuesto más para los usuarios, ha pulverizado la sacra unidad de mercado „español, se supone.
Este trámite, de obligado cumplimiento, puede costar un tercio, la mitad o el doble, de acuerdo con el pedazo de solar patrio donde nos encontremos. Aparte de que en la Comunitat Valenciana cuesta el 144 % más que en Extremadura, fue una de las que más sintió la necesidad de privatizar este servicio, con la excusa de abaratar sus costos, mientras las tarifas aprobadas por la Generalitat no han hecho más que subir. Milagros de la economía de mercado y de las incongruencias del sistema. Únicamente hay que repasar la larga lista de adjudicatarios iniciales, sabiamente troceados por Eduardo Zaplana en 1995, para entenderlo todo en clave de servicios prestados a cambio de servicios por prestar.
En fecha reciente, un empresario del sector de la construcción que ha cogido el petate y se ha marchado a Madrid para trabajar y cobrar, me decía que la crisis con ser aguda en la capital de España, no tiene nada que ver con el desierto en que se ha convertido la Comunitat Valenciana. Los de aquí, por las grandezas del Estado español, tenemos la oportunidad de largarnos a Madrid, al País Vasco o a Navarra, donde se vive mejor, hay más oportunidades y se pagan menos impuestos. Y aun será más ventajoso cuando Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, cumpla sus promesas y rebaje la presión fiscal a sus ciudadanos. Va a ser una desbandada: ¡Todos a Madrid, viva el AVE!
