El Consell cederá capacidad de decisión a los ayuntamientos a la hora de autorizar empresas peligrosas. La nueva Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental deja en manos de los alcaldes la apertura de industrias que hasta ahora necesitaban una autorización integrada (AAI), mucho más estricta, que quedaba en manos de la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente. Como consecuencia, la extracción de petróleo o gas natural, los vertederos, las incineradoras, las centrales térmicas, los parques eólicos, las desaladoras, las canteras y minas a cielo abierto, que hasta ahora necesitaban un permiso AAI, pasarán a requerir sólo una licencia ambiental, cuya tramitación será mucho más rápida y menos severa. En algunos casos ni siquiera precisarán una evaluación de impacto ambiental. El cambio legislativo encierra muchos riesgos que cabría ponderar con detenimiento.
Los defensores del anteproyecto percuten contra lo que más duele „la necesidad de reducir el paro„ para justificar la medida. «Hay que mejorar la competitividad de la economía valenciana y eliminar las trabas administrativas innecesarias», sostienen para avalar la obligación de simplificar los trámites administrativos y aligerar la cargas económicas que soportan los emprendedores. Pocas objeciones se pueden poner a esos propósitos, aunque reducir la desorbitada tasa de desempleo a costa de disminuir los controles ambientales se antoja aventurado. La política cortoplacista ya nos ha legado demasiados desastres ecológicos.
