Hay tres puntos de partida obligados para cualquier solución del que, en versión española, es el «problema catalán». El primero, que una consulta sobre la soberanía de Cataluña será antes o después inevitable, por lo que hay que hacerle sitio en el marco jurídico. El segundo, que se necesita un calendario muy pausado, no solo por la trascendencia del asunto, sino para evitar que un nuevo factor de inestabilidad política afecte a la credibilidad de España y a la salida de la crisis. El tercero, que este asunto debería ser enmarcado en una reforma de la Constitución de alcance mucho más amplio, que suponga un cambio del actual modelo institucional y de representatividad, con el objetivo de restaurar su legitimación social, hoy, bajo mínimos. Si hubiera acuerdo en esas tres cosas, y debería haberlo, lo que queda es empezar a hablar, sin miedo, sin prisas y con altura de miras.
