Una parte del Gobierno español, algunos de la oposición, una porción significativa de la ciudadanía patria y, sorprendentemente, personas implicadas directamente como el líder socialista catalán Pere Navarro piensan que el Estado puede reconducir el viaje de Cataluña hacia la independencia con una reforma de la financiación autonómica y un paquete resultón de nuevas infraestructuras. Posiblemente hubo un tiempo en el que un refuerzo de las inversiones habría moderado el sentimiento de agravio que con tanto celo han alimentado Pujol y los suyos durante décadas con aquellas frases sobre andaluces, extremeños y manchegos. Pero ese tiempo pasó. No es sólo porque el nacionalismo (ninguno de ellos) nunca tiene bastante. Es porque una mayoría de catalanes ya no quiere estar en España, y eso no se aplaza ni se borra con ingeniería financiera ni hormigón. Cuanto antes lo entiendan todos, mejor.
