Los expertos en la comparación de regímenes políticos buscan establecer paradigmas o modelos que permitan entender y clasificar las distintas formas y experiencias constitucionales. Ello resulta útil no sólo como criterio de racionalización científica, sino como lección histórica de aciertos-errores de la que pueden aprender pueblos y gobernantes. Tras la derrota militar en la Gran Guerra, la revolución social, la caída del Reich creado por Bismarck y la proclamación de la República, los diputados alemanes reunidos en la ciudad de Weimar aprobaron la primera Constitución democrática del país. Estuvo en vigor entre 1919 y 1933, cuando los nazis se adueñaron del poder y liquidaron la llamada República de Weimar. Al adoptar la República Federal de Alemania su Ley Fundamental en 1949, tuvo muy en cuenta las causas del hundimiento del régimen weimariano, del mismo modo que nuestros constituyentes de 1978 trataron de no incurrir en los defectos de la Constitución de 1931, especialmente en su sectarismo.
¿Por qué fracasó la República de Weimar? Primero, por el desafecto de una parte importante de las fuerzas políticas (los nostálgicos del régimen imperial, los nacionalsocialistas y los comunistas, todos los cuales conspiraron contra las instituciones republicanas) y la renuencia o la hostilidad de la burocracia administrativa, del Ejército, de la judicatura, de la élite empresarial y hasta de la universidad. Alemania era una nación avanzada en lo científico y en lo industrial, incluso en lo artístico y literario, pero políticamente estaba muy atrasada. Todo eso, más la atmósfera psicológicamente asfixiante de la derrota militar, de la pérdida territorial consiguiente y de las cuantiosas reparaciones que los vencedores exigieron a la República, quizá no hubiera sido, sin embargo, suficiente para acabar con el régimen democrático si no se hubieran dado otros dos factores: la hiperinflación posbélica, que laminó completamente a las clases medias, y la demoledora Gran Depresión de 1929, que generó un terrorífico número de parados (el 40 % de la población activa, nada menos). En suma, el paradigma Weimar puede sintetizarse así: deslealtad y desafecto en lo constitucional y hundimiento económico.
La segunda parte del paradigma Weimar concurre sin duda alguna en la España actual. Con un 27 % de desempleados (el 57 % de los menores de 25 años) la situación social es potencialmente explosiva, y milagro parece que no se haya producido ya un desplome total de la legitimidad de las instituciones, es decir, de la conciencia ciudadana del deber de obediencia a las autoridades. Seguramente la explicación de semejante pasividad radica en la ausencia de fuertes alternativas ideológicas organizadas y la carencia de amplios y profundos sentimientos de comunidad: el individualismo atomizado de nuestro tiempo sólo resulta compensado en el ámbito de influencia de los nacionalismos identitarios periféricos, que, desde luego, no albergan precisamente un proyecto contrario a la hegemonía del capitalismo financiero. Fuera del campo nacionalista no existe un sistema de valores que supere al que fabrican los creativos publicitarios y sus paraísos unipersonales instantáneos. Ni la Iglesia, ni la escuela, ni los partidos, ni los sindicatos poseen hoy poderes de generación axiológica capaces de contrarrestar la eficacia ideológica alienante de la mercadotecnia, puesta al servicio de la dominación social. Tampoco disponen de esos poderes los medios de comunicación, simple instrumento difusor de consignas de una publicidad que modela nuestra idiosincrasia.
Ahora bien, deslealtad constitucional como en Weimar también hay. Ante todo la de los nacionalistas, que pretenden romper la Constitución. Incluso uno de los padres de la Carta Magna, Miquel Roca, ha declarado hace poco que no siente respeto alguno por el Tribunal Constitucional desde la sentencia del Estatut de 2010. La campaña de descalificación del TC pretende cuestionar anticipadamente el eventual pronunciamiento negativo sobre la declaración de soberanía efectuada por el Parlament de Cataluña el pasado 23 de enero, impugnada por el Gobierno central. Las instituciones catalanas se hallan cada vez más cerca de un enfrentamiento directo con el ordenamiento constitucional. Los partidos secesionistas catalanes, al rechazar el traslado de su proyecto de separación a las Cortes mediante el procedimiento de reforma constitucional (porque saben que perderían) y propugnar, por el contrario, una decisión unilateral, son ya partidos antisistema, lo cual encaja dentro del paradigma Weimar.
Por último, existe igualmente, ya que no (todavía) propiamente desafecto, sí un elevado nivel de desencanto popular con las instituciones de la democracia de 1978. Con la Corona, que no superará indemne el caso Urdangarin, al manchar a la Familia Real con el estigma del parasitismo. Con los gobiernos del PSOE y del PP, por su manejo de la crisis económica en comunidades autónomas, percibidas como un inmenso pesebre de la casta política. Y, por supuesto, con los partidos políticos, sentidos como instrumentos esenciales del proceso democrático, pero vistos como nidos de clientelismo y corrupción.
Huele, pues, a Weimar en el edificio constitucional español. Veremos cómo se reparten los papeles. Por ejemplo, ¿quién y en qué circunstancias haría de Hindenburg?
