Las sucesivos datos que se van conociendo sobre la gestión del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, a partir de una denuncia de la Fiscalía, arrojan cada vez más incógnitas. Aunque algunos detalles son de por sí motivo más que suficiente para que ya hubiese renunciado, sin prejuicio de la evolución judicial del asunto: por ejemplo que cobrara a la vez dos sueldos públicos, algo meridianamente prohibido por la ley, pero que además resulta cuanto menos inmoral. Llama la atención la defensa cerrada del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, supuestamente empeñado en una operación de limpieza de la cosa pública. Y no menos llamativo es el silencio de unos empresarios quejosos de la imagen pública que padecen; aunque algunos de ellos sostengan ya en privado que la situación es insostenible, otros „y muy destacados„ forman parte del Consejo de Administración del puerto que debía ser vigilante pero finalmente ha sido cómplice de la gestión realizada. Las complicidades trenzadas a lo largo de décadas pueden ser difíciles de romper. Pero la transparencia „ahora que el PP tanto la esgrime„ debe terminar por imperar.
