En estos momentos, la población de España „si nos atenemos a los datos del INE a 1 de enero de 2013„ se cifra en 46.704.314 personas. De ellas, 7.546.522 están ubicadas en Cataluña, una de las diecisiete comunidades que forman parte de la estructura del Estado (además de las dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla).

Una situación que se viene lastrando desde finales del XIX y comienzos del XX, atizada de manera recalcitrante por la derecha burguesa feudalista en beneficio de sus intereses económicos en exclusiva, ha motivado que hoy percibamos a Cataluña como problema. Dicen que no tienen encaje en España. Los independentistas de por allá aseguran (en inglés) que Cataluña no es España.

Por más ventajas, concesiones y subvenciones que tengan, no obstante, esa burguesía derechona (instalada en numerosos partidos políticos que van desde CIU al PSC o a Esquerra) sigue pidiendo el más allá. Y esto evidentemente tiene que acabar.

La Carta Magna señala los límites de los derechos y el ejercicio de los mismos. Mecanismos para ejercitarlos y defenderlos. Uno de ellos es el referéndum. La situación de Cataluña requiere ya, hoy, que se resuelva, dentro de la ley, la paz social de España. La convocatoria para que el problema quede resuelto es de imperiosa necesidad.

Coincido con todos los partidos independentistas con que sea necesario un referéndum. Disiento de lo que ellos entienden por derecho a decidir en los términos de limitación geográfica que lo plantean. Y creo en la negociación. No en la cesión indefinida de las competencias del Estado (que es lo mismo que decir la cesión del resto de los españoles). Por eso, y en evitación de medidas impuestas, es el momento de la ley: que se decida, por referéndum, si Cataluña es España o no.

Un contrato vincula a las partes y su disolución corresponde a ambas, de consuno. Es preciso convocar un referéndum nacional a través del que todos los españoles de mayor edad, con derecho a votar, determinen si quieren que Cataluña forme parte de España o no, con una pregunta clara y escueta, sencilla de entender y fácil de contestar. Que se pronuncien vascos y riojanos, catalanes y andaluces, valencianos y gallegos, castellanos, leoneses y murcianos, navarros, asturianos y cántabros, extremeños y aragoneses, canarios y baleares€ y sobre la respuesta mayoritaria, resolver en consecuencia.

Obviamente, los gastos derivados de dicha convocatoria deberán correr de cuenta exclusiva de aquellos partidos o instituciones que la han reclamado. Así, la consulta sería ajustada a derecho.