La mirada atrás escrutadora y enojosa que nos conceden las investigaciones judiciales abiertas contra los máximos responsables del descalabro financiero que ha llevado a la desaparición a las dos cajas de ahorros valencianas nos permite valorar hasta qué punto era previsible el estallido de la burbuja inmobiliaria y qué grado de negligente pasividad de las autoridades hizo posible que nadie activara las alarmas y recondujera el rumbo pese a que la sociedad caminaba cada vez más cerca del precipicio.

Visto con la perspectiva que nos ofrece el largo tiempo que hemos vivido emponzoñados entre conmovedores signos de pobreza, duros ajustes salariales y reiterados recortes de plantilla, conocer la generosidad con la que el entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, decidió remunerar al hombre elegido para dirigir la entidad, Aurelio Izquierdo, no solo pone los pelos de punta sino que reverdece la irritación que habíamos conseguido apaciguar de puro cansancio tras abundantes muestras de hartazgo. Olivas trituró las estadísticas del IPC, a la que con tanta resignación nos abrazamos los asalariados, para triplicar las retribuciones que hasta ese momento percibía el director general. Esa dadivosidad no sirvió de mucho. El fracaso de la gestión de ambos ha costado mucho dinero a los españoles.

Izquierdo cobró 733.639 euros el año en que accedió al cargo (2007) y 2,16 millones en 2008. Su sintonía con Olivas era inmejorable. El volumen de esas cifras impide ponerlo en duda. Lo que no queda tan claro es si se ganaron el sueldo.