Dos recientes decisiones de sendos jueces valencianos han desatado la polémica por su carácter arbitrario, insinuado incluso por la Fiscalía en una de ellas, y provocando un expediente informativo del CGPJ, la otra. Cuando se supone que un juez es el máximo garante de la aplicación de la ley, arbitrariedades como las citadas sólo provocan indefensión en el justiciable y, consiguientemente, desconfianza en el sistema y en quienes están obligados a hacerlo respetar. Un juez debe tener autoridad en su sala, obviamente, pero en ningún caso puede considerarse un poder absoluto al margen de toda norma excepto la que él mismo dicte. Porque aunque sea el encargado de hacer cumplir la ley, es el primer obligado a respetarla. Casi 40 años después de la muerte del dictador, la mayoría de los poderes del Estado han realizado su propia transición: políticos, militares... Sin embargo, es quizás el Poder Judicial el que menos ha profundizado en su espíritu democratizador. Mientras criticar acciones judiciales en el ejercicio de la libertad de expresión siga suponiendo un riesgo, este país seguirá teniendo una asignatura muy importante pendiente de aprobar.
