14 de octubre de 2013
14.10.2013

Universidad y dictadura

José Asensio

14.10.2013 | 05:30

La reciente inauguración del curso académico en la UPV tuvo que ser suspendida debido a la protesta realizada por centenares de estudiantes que acabaron irrumpiendo en el Paraninfo. No ha sido la única reivindicación en las universidades públicas, aunque sí la más criticada. Desde el rectorado de la UPV no se ha tardado en calificar de actos vandálicos y violentos mientras se anunciaban «medidas para garantizar la normalidad de la vida académica». Esperemos que estas palabras no se conviertan en expedientes sancionadores o de expulsión.
En este contexto la decana de las universidades públicas valencianas clausuraba recientemente una gran exposición retrospectiva que bajo el título de Universitaris contra la dictadura destacaba el papel protagonista de muchos estudiantes contra la dictadura. Curiosamente muchas de aquellas personas han ocupado y ocupan cargos de dirección en muchas universidades. Para añadir más curiosas coincidencias muchos de estos altos directivos han contribuido a la redacción de distintas normativas, para asegurar que entre las grandes misiones asignadas a la educación superior sigan existiendo valores como la libertad, la solidaridad, el pluralismo o la creación del espíritu crítico.

Con todo ello podemos formular algunas incómodas preguntas sobre la situación del sistema público de enseñanza. ¿Qué pasaría si una exposición intentara recoger en la actualidad la lucha universitaria, y por extensión de toda la comunidad educativa, contra la dictadura del capital, o de los mercados como gusta denominarla en estos tiempos? ¿Qué sucedería si recogiéramos en grandes paneles fotografías y datos de cómo se ha ido deteriorando la enseñanza desde que se están aplicando las recomendaciones de los nada democráticos organismos económicos internacionales como la OMC o la OCDE o de influyentes lobbies como la ERT europea? ¿Qué conclusión sacaríamos conociendo que el estudiantado y una parte importante de los colectivos de trabajadores de la enseñanza nunca son tenidos en cuenta para elaborar cualquier legislación que dice garantizar el carácter público y la financiación de la enseñanza? ¿Acaso no es violento excluir a una parte de la población de poder hacerlo cuando sus familias no pueden sufragar semejante gasto? ¿Cómo denominaríamos la actitud de un partido cuando impone una ley contra la comunidad educativa?
Si una exposición así abriera un debate serio sobre las consecuencias de todas estas reformas llegaríamos a la conclusión que los únicos beneficiados de esta deriva son aquellos que consideran que la educación, como la sanidad o los servicios sociales, no pueden ser universales ni gratuitos, ya que como cualquier otra forma de negocio están sujetos a parámetros mercantilistas, y que la única ideología válida es el liberalismo que desde hace más de cincuenta años se propugna desde la universitaria escuela de Chicago.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook