La resolución del Tribunal de Estrasburgo revocando la aplicación retroactiva de la doctrina Parot está generando un importante revuelo social y mediático. El debate no se centra tanto en la legalidad como en la respuesta social de defensa de la dignidad de las víctimas y la ejemplaridad de las penas. La indignación de las asociaciones de víctimas toma las calles y los medios, la ciudadanía y los políticos muestran su respaldo y su solidaridad, en defensa de la dignidad de la víctima, y la condena moral de sus verdugos. Porque el verdugo es alguien que despoja de condición humana a la víctima; la convierte en una cosa: el asesino dispone de la vida de otro, el violador del cuerpo de su víctima, el que encierra injustamente a un inocente privándole de libertad Frente al verdugo, la víctima pierde su condición humana y sus derechos y se convierte en una cosa.
Esos son valores universales y no pueden aplicarse de manera sesgada, según parámetros ideológicos, algo que casa mal con esta sociedad hipócrita y parcialmente amnésica. La misma sociedad que exhibe su apoyo a las víctimas del terror y el delito, incluso a las de la barbarie anticlerical de pasadas guerras, olvida a las víctimas de la barbarie religiosa, a quienes murieron sin juicio ni sepultura frente a las tapias de los cementerios, o fueron arrojados a las veredas de los caminos, a quienes murieron en prisión sin juicio, o a las mujeres rapadas para escarnio público por su filiación republicana; aquellos masones, comunistas, homosexuales, anarquistas y librepensadores, todos ciudadanos españoles que fueron víctimas de la intolerancia religiosa y la represión política de una dictadura infame e indecente; y muchos otros que tuvieron que huir y acabaron sus días en el exilio.
Las víctimas del golpe de Estado del 36 y las del franquismo esperan también restitución, que se reconozca su condición de víctimas. ¿O es que, para esta democracia timorata los republicanos asesinados, encarcelados, desterrados o exiliados son víctimas de segunda fila? Cuando se habla de estas víctimas, una parte de la sociedad española y sus representantes políticos sostiene que no hay que reabrir las heridas del pasado, como si las que ahora se honra no afectaran a hechos del pasado. Seguramente hay otras varas de medir. En España hay miles y miles de víctimas que aún hoy carecen del reconocimiento de su condición, y sobreviven entre la amnesia y la clandestina memoria de quienes les perdieron.
Miles y miles de víctimas de la represión política de una dictadura que vulneraba los más elementales derechos civiles mediante leyes militares extraordinarias y viles delaciones. Quienes sostienen que hay que mirar adelante y no reabrir viejas heridas hacen alarde de una hipocresía infinita, distinguiendo entre dos categorías de víctimas y esa simple distinción ya es un argumento esencial que desvela una profunda carencia del más mínimo talante democrático. En mi opinión haríamos bien en no rasgarnos tanto las vestiduras ante los Obiang y los Pinochet que vulneran derechos humanos en territorios lejanos. Aquí, en casa, poner en práctica los valores democráticos y la dignidad de las víctimas con todas las consecuencias sería el primer paso. Un paso que todavía está pendiente.
