Más de 140.000 hogares de la Comunitat Valenciana, en los que residen 380.000 personas, sufren lo que se ha acuñado como «pobreza energética», en la que las circunstancias económinas impiden disponer de calefacción en invierno o calentar la comida aunque sea con gas butano. El empobrecimiento de cerca de un diez por ciento de la población hasta ese grado lleva a los investigadores sociales a asegurar que esta situación, tras cinco años de crisis económica y elevado desempleo, provoca más muertes que los accidentes de tráfico. Algunas comunidades autónomas están preparando ya normas legales que reduzcan el desamparo de miles y miles de familias, muchas con niños. Mientras, el Gobierno y las empresas eléctricas que ven multiplicados año tras año sus beneficios pactan el pago del llamado déficit de tarifa, una millonada que los contribuyentes y usuarios abonarán en los recibos durante 25 años. Luego se extrañan de que las nacionalicen en Bolivia.