El malestar de los usuarios del Júcar puede dejar en una situación muy incómoda al Gobierno autonómico. El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, volvió ayer a comprometer su palabra al asegurar que el Consell «respaldará lo que digan los regantes». De hecho, anoche el presidente Fabra improvisó una reunión en el Palau para serenar los airados ánimos de los agricultores que gestionan los cada vez más exiguos caudales del Júcar.

El recelo de los regantes es más que comprensible. El borrador del nuevo plan de cuenca exime a Albacete de pagar el agua del pantano de Alarcón que se cobra religiosamente a los valencianos y otorga caudales insuficientes para garantizar la recuperación del degradado lago de la Albufera. La presión ejercida desde Castilla-La Mancha también ha permitido alargar hasta 2017 la recuperación del acuífero manchego que permitiría al Júcar consolidar sus asignaciones de agua. Hay motivos para la intranquilidad.

Y para completar la desazón, el espinoso debate sobre el trasvase al Vinalopó tampoco se ha resuelto. El Gobierno prevé una asignación de 12 hectómetros cúbicos «aguas abajo de Tous». Los regantes de la Ribera y Xúquer Viu temen que tras esta reserva de caudal se esconda la intención de abrir una segunda toma de agua para satisfacer las reclamaciones de los regantes alicantinos. El PP, que tanto rentabilizó la guerra del agua, puede ahora por los mismos cálculos electoralistas sucumbir ante ella.