Los regantes valencianos cedieron en 1998 el uso del embalse de Alarcón al Estado, pese a haberlo costeado íntegramente, a cambio de unas obras de modernización cuya responsabilidad asumieron el Gobierno central y la Generalitat. Pese al tiempo transcurrido, el proyecto no se ha completado y ahora se les promete de nuevo la misma inversión si se pliegan a no votar contra el nuevo plan hidrológico. El Gobierno interpreta que esas obras inconclusas benefician al regadío histórico valenciano, y no le falta razón, aunque ignora que el Estado necesita imperiosamente modernizar la red de riego para ahorrar casi 200 hectómetros cúbicos del Júcar y atender con ese caudal las demandas surgidas durante las últimas décadas al extenderse los cultivos principalmente en La Mancha y el Vinalopó.
Sorprende que el ministerio prive a la Albufera del agua de calidad del Júcar cuando ya no hay retornos de riego ni caudales que se pierden por las acequias para dar vida al lago. En esas condiciones, la perentoria recuperación de la laguna debe fiarse a las aportaciones que ofrezcan las depuradoras. El Ministerio de Agricultura sabe que con ese agua no se regenerará la Albufera, ya que, aunque ya no esté contaminada, sí que aporta nutrientes que llenan el lago de microalgas que impiden aliviar su degradación. De ahí que Cañete aplace la recuperación «del buen estado ecológico» del lago al año 2027 en un nuevo brindis al sol.
