Una ley aprobada en el mandato de José María Aznar permite a la Iglesia, u otros institutos religiosos, con un documento firmado por una autoridad eclesial, justificar la propiedad de un templo, un convento, una capilla, una ermita, y presentarse ante un notario, acreditar así, sin otra documentación, que es suyo, y apropiárselo sin más. Ocurrió primero en Navarra, donde levantó una fuerte resistencia, por asimilar así edificios históricos sobre los que no consta donación alguna y a veces ni uso siquiera.

El caso más reciente y que ha levantado una polvareda ha sido el de la Mezquita de Córdoba. El actual arzobispo de la ciudad lo ha inscrito como propiedad de la Iglesia y ha comenzado a borrar las huellas o las explicaciones sobre su origen que iban en paneles. Que los cristianos entraron y la dedicaron a san Rafael un 24 de octubre no es falso, pero que su constructor fue Aderramán III y sus descendientes, tampoco. Que usaron materiales de templos romanos, o de godos, era lo normal en ese tipo de proyecto monumental. La parte de Almanzor y sus hijos es conocida. Los cristianos intentaron desfigurarla con sus añadidos y se ha restaurado y recuperado con dinero de público del estado o la Junta de Andalucía. Es monumento de la Humanidad.

Según la teoría del prelado, otro puede ir y atreverse a inscribir el monasterio de El Escorial, el de Felipe II, con la excusa que puso Jerónimos y se han extinguido (como Carlos I en Yuste). O un listo apropiarse de san Miquel de los Reyes, propiedad de la Diputación de Valencia y la Conselleria de Cultura, restaurado con dineros de los valencianos. No faltarán argumentos para ir a inscribir el monasterio de la Valldigna, ya restaurado y que tanto costó recuperar. Y hasta el Convent del Carmen. Por ese camino reclamarán hasta el San Pío V. Ganas no les faltan.

Hay que pararles los pies y evitar estos desmanes expropiatorios de la Iglesia actual, que casa a casa quiere enriquecer su patrimonio, eso sí, sin pagar IBI y sin costear su mantenimiento o restauración (hasta las obras de la catedral de Valencia las pagó Bancaja y la Generalitat y la restauración de las pinturas e imágenes también). No sé si lo reconocen, pero para visitarla ahora el ciudadano de a pie ha de pagar acceso, porque ponen las piezas en el museo catedralicio. Creo que los convenios de restauración han de tener una serie de cláusulas sobre accesos, visitas y gratuidad. Pagamos entre todos, creyentes o no, y lloramos, o nos toman el pelo. Las autoridades locales y estatales no pueden quedarse mirando para otro lado, es un expolio injusto. Por muy buenos feligreses que sean, el asunto es de pura avaricia. El poder temporal ciega a la Iglesia de Cristo. La simonía está a la orden del día, vean los edificios donados por Francisco Camps a la Universitat Católica, en pocos años. Constantino el Grande se queda corto. Y sería por algo, me temo. Es su voluntad e inscrito queda en el cielo.